El diputado colorado, Tomás Rivas, debe volver a juicio, a pesar de que devolvió el dinero en el caso «caseros de oro». Un Tribunal de Apelación anuló el sobreseimiento que el legislador obtuvo en prima instancia porque no pagó todo el daño que causó al Estado. Rivas fue acusado por estafa, por llevar a tres personales nombrados por la Cámara de Diputados, a trabajar en su domicilio. Había hecho un arreglo económico con la Cámara Baja, para obtener su sobreseimiento.
El doctor Delio Vera Navarro, presidente del Tribunal de Apelación de fuero penal, segunda sala, fue el preopinante en la apelación que la Fiscalía había promovido en este caso. Vera cuestionó el procedimiento aplicado para finiquitar el juicio. Sostiene que Rivas devolvió el dinero al presidente de la Cámara de Diputados, con quien hizo un acuerdo. Sin embargo, debió intervenir un representante del Estado paraguayo y cuando se trata de un juicio ese representante debe ser la Procuraduría General del Estado, según sus fundamentos.
Los camaristas que integran también el mismo Tribunal, José Agustin Fernández y Cristóbal Sánchez se adhirieron al preopinante.
Un total de 121 millones de guaraníes fue lo que Rivas pagó a la Cámara de Diputados. Es el monto del acuerdo con que llegó con el entonces presidente de está cámara, su correligionario, Pedro Alliana. Sin embargo, el Tribunal de Apelación consideró que se debe aplicar el procedimiento correcto para este caso, dando participación a la Procuraduría, que jurídicamente representa al Estado paraguayo en los tribunales.
El camarista, José Agustín Fernández, agregó que no se hizo ningún cálculo sobre el daño social que causó el diputado y este tema queda como tarea pendiente en el nuevo juicio que debe ser realizado en primera instancia. Tampoco la Fiscalía admitió en ninguna parte del proceso que terminó con el sobreseimiento, el mecanismo de acuerdo con el titular de la Cámara Baja, para finiquitar el caso. En definitiva, el diputado Rivas tuvo un duro revés y su juicio debe comenzar de nuevo.
