El próximo lunes, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) conocerán si estarán obligadas por ley a rendir cuentas. El Senado convocó a una sesión extraordinaria para estudiar un proyecto de ley que establece dicha obligación y los mecanismos de control y transparencia sobre el funcionamiento de las mismas.
El proyecto de ley fue presentado por el actual presidente del Congreso, Basilio Núñez, que sostiene que muchas ONGs reciben dinero del Estado y toda organización que recibe fondos públicos están obligados a rendir cuenta de los gastos realizados. Además, afirma que la mayoría de las ONGs son de clanes familiares.
La sesión del Senado está convocada para las 14:00 en sesión extraordinaria con único tema. El proyecto de ley crea un registro nacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) a cargo del Ministerio de Economía (MEF). El proyectista explicó que este registro se hará para la trazabilidad y transparencia de los recursos administrados por las ONGs.
El proyecto de ley no sólo establece mecanismos de control para ONGs que reciben dinero del Estado sino también para los reciben dinero de organizaciones internacionales.
En ese sentido, indica que la ley se aplicaría a fundaciones, agencias especializadas o simplemente ONGs, cualquiera sea su denominación, personas físicas o jurídicas, que reciban o administren fondos, servicios o bienes públicos, sean estos provenientes de convenios de préstamos, donaciones, asistencia técnica y/o cooperación internacional no reembolsable.
El proyecto de ley también establece que los fondos que reciben las ONGs deben pasar previamente por el Presupuesto General de la Nación o en el Presupuesto de los Gobiernos Municipales. En ese sentido, prohíbe firmar acuerdos y cooperación en forma directa con organizaciones internacionales.
La protesta contra el proyecto de ley
Prácticamente todas las ONGs están en contra el proyecto de ley. Las ONGs divulgaron este viernes un comunicado conjunto a través del cual rechaza categóricamente el mencionado documento.
Sostienen que «este proyecto podría tener repercusiones negativas significativas para los principios democráticos, las relaciones internacionales y el desarrollo económico de nuestro país, pilares esenciales de una nación próspera y estable”, dice el comunicado.
“Instamos a los legisladores a reconsiderar este proyecto de ley y trabajar en conjunto con los sectores afectados para consensuar un marco normativo que fortalezca, en lugar de debilitar nuestra democracia y desarrollo económico”, expresa.
La lista de organizaciones que se oponen son: Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AMCHAM), Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), Cámara Paraguaya de Proveedores de Bienes, Servicios y Afines (CAPPRO), Cámara Paraguaya de la Industria del Software (CISOFT), Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE), Cámara Paraguaya de Fintech, Consejo de Desarrollo de Ciudad del Este (CODELESTE), Asociación de Emprendedores de Paraguay (ASEPY) y Asociación Paraguaya de Productores de Cerdos (APPC).
La lista continúa con Asociación Industrial Hotelera del Paraguay (AIHPY), Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (FEDEMIPYME), Asociación de Almaceneros Minoristas Del Paraguay (AMP), ASOMIPYMES, Cámara de Comercio Presidente Franco – Alto Paraná (CAMIPYME), Asociación de Mujeres Emprendedoras Del Alto Paraná (AMEDAP), Asociación Paraguaya de Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (APEP) y Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC).
Sigue la nómina con Pacto Ético y Cumplimiento (PEC), Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), ReAcción Paraguay, Fundación AMCHAM, Horizonte Positivo, Fundación Moisés Bertoni, DENIDE, entre otros.
Comisión parlamentaria aprobó en forma inconsulta
Una de las objeciones de las ONGs es que las comisiones del Senado que estudiaron el proyecto dictaminaron a favor de la aprobación del proyecto de ley sin haber consultado a los afectados, sean instituciones u organizaciones.
Por un lado, expresaron su «preocupación que se haya emitido dictamen sin consultar a los órganos del Poder Ejecutivo que tendrían intervención directa en caso de promulgarse la ley» y, por otro lado, indicaron que las organizaciones que serían afectadas hubiesen tenido la oportunidad de participar en el proceso de tratamiento del proyecto de ley en comisión.
Afirman, señalan que «de ser aprobada este proyecto de ley, podría tener repercusiones negativas para los principios democráticos, las relaciones internacionales y el desarrollo económico del país».
Además, sostienen que «las regulaciones propuestas en este proyecto de ley representan una amenaza para alcanzar el grado de inversión, porque limitaría la libertad de asociación, un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución, e impondrían cargas administrativas desproporcionadas sobre las organizaciones sin fines de lucro».
Conferencia de prensa para este sábado
El Grupo Impulsor OSC en defensa de la Democracia convocó a una conferencia de prensa, para las 10 de este sábado, en el Hotel del Paraguay donde explicarán las objeciones al proyecto de ley que controla a las ONGs.
