El ex candidato presidencial Paraguayo Cubas deberá enfrentar juicio oral el 5 y 6 de agosto próximo, tras la ratificación de convocatoria realizada por el juez de Sentencia Darío Báez. Sobre el presidenciable pesa la acusación de perturbación de la paz pública, tentativa de impedimento de las elecciones y otros delitos.
El magistrado Darío Báez se ratificó en la convocatoria previsto para el 5 y 6 de agosto, pese al recurso planteado por la defensa del acusado, Paraguayo Cubas, que solicitó que primero se integre el Tribunal de Sentencia para posteriormente establecer una fecha, teniendo en cuenta que el juez Báez es el único confirmado en el caso.
Báez argumento su rechazo al pedido porque no se viola ninguna norma, ni se lesionada reglas de procedimiento ni tampoco existe ningún agravio para la defensa que se haya fijado las fechas. Pese a ello la solicitud deberá ser estudiada por la Cámara de Apelación.
La causa contra el ex candidato a la presidencia de la República se formó luego de los incidentes registrados que se dieron a conocer los resultados de las elecciones generales de abril del 2023, en la cual se habría fraude electoral a criterio de Paraguayo Cubas.
Acusación fiscal
Los representas del Ministerio Público Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Paraguayo Cubas, por la presunta comisión de los hechos punibles de perturbación de la paz pública y otros delitos, tras las Elecciones Generales de Paraguay 2023.
Cubas, procesado por perturbación de la paz pública y otros delitos, por lo que el Ministerio Público solicitó elevar la causa a juicio oral y público, por los hechos ocurridos el 30 de abril del corriente año, tras las elecciones generales.
Las acusaciones se originaron a raíz de la instigación, del ex candidato a presidente, a la población para manifestarse de manera violenta, con el fin de evitar el juzgamiento de las actas electorales. El líder político convocó a sus seguidores a tomar las calles, expresando su descontento con los resultados preliminares transmitidos a través del «TREP». Discursos incendiarios y publicaciones en redes sociales incitaron a la violencia, llevando a manifestaciones en diversas ciudades del país. Las movilizaciones derivaron en disturbios, daños a la propiedad pública y privada, así como agresiones a los agentes policiales.
La acusación está respaldada por una serie de pruebas como ser: pruebas documentales, pruebas audiovisuales, denuncias realizadas por la coordinadora de la Dirección Jurídica de la Justicia Electoral y evidencias incautadas.
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