Una vez más, el espectro de la violencia escolar se cierne sobre nuestras instituciones educativas. Esta vez, el detonante es una nota de amenaza acompañada de balas, encontrada en un colegio de Areguá. Aunque no se ha materializado en un acto de violencia física, el hecho no deja de ser alarmante, especialmente tras la conmoción del año pasado cuando un adolescente asesinó a una directora en el distrito de Independencia. Estos incidentes evidencian la vulnerabilidad de nuestras escuelas y la necesidad imperiosa de una respuesta coordinada y efectiva.
El presidente del Sindicato Nacional de Directores, Miguel Marecos, solicitó una reunión urgente con el ministro de Educación y Ciencias, que involucre la participación de representantes de la Policía Nacional, la SENAD, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, la Federación de Padres y los gremios estudiantiles. Este llamado a la acción refleja el estado de preocupación de los docentes y evidencia que la violencia en las escuelas no es un problema aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda que afecta a nuestra sociedad.
Las escuelas, concebidas como refugios de aprendizaje y crecimiento, se han convertido en escenarios de inseguridad. El aumento de la venta de estupefacientes en las inmediaciones de los colegios y el creciente número de jóvenes afectados por la adicción son indicativos de una realidad preocupante. Estas amenazas externas, sumadas a los incidentes de violencia interna, conforman una bomba de tiempo que puede detonar en cualquier momento.
El director del colegio de Areguá, Máximo Aquino, declaró que el hallazgo de la nota y las balas es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Su afirmación no podría ser más precisa. La violencia y el bullying son problemas que trascienden los muros de las instituciones educativas; son manifestaciones de una sociedad en crisis que requiere una intervención urgente y multidisciplinaria.
Es fundamental que las medidas que se tomen no sean meramente reactivas. La prevención y la concienciación deben ser las piedras angulares de cualquier estrategia. Esto necesariamente debe implicar el abordaje de las raíces del problema: la salud mental y el desarrollo armónico de nuestros jóvenes. La formación de docentes y directivos en manejo de crisis, la implementación de programas de apoyo psicológico y la promoción de un entorno escolar inclusivo y respetuoso son estrategias ineludibles para enfrentar esta problemática.
La sociedad paraguaya debe asumir un compromiso firme y colectivo para erradicar la violencia de nuestras instituciones educativas. Esto no es tarea exclusiva de las autoridades; es una responsabilidad compartida que involucra a padres, estudiantes, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y, en última instancia, a cada uno de nosotros.
