La Constitución Nacional de 1992, en su artículo 272, es clara y precisa al contemplar la creación de una Policía Judicial dependiente del Poder Judicial, con el propósito de colaborar directamente con el Ministerio Público. Sin embargo, a pesar de la evidente necesidad y la previsión constitucional, han pasado 32 años sin que se implemente esta figura esencial para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia en Paraguay.
El reciente y preocupante incidente ocurrido en un juzgado, donde un adolescente agredió y amenazó de muerte a la agente fiscal Laura Finestra, pone de manifiesto la vulnerabilidad y el desamparo en el que operan los fiscales y otros operadores de justicia. Este evento, lejos de ser aislado, es un reflejo de la creciente inseguridad que enfrentan quienes tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley.
Actualmente, los juicios se desarrollan sin la debida protección policial, permitiendo que los procesados circulen libremente por las salas de audiencia, lo que representa un peligro latente no solo para los fiscales, sino también para jueces, abogados y el público presente. La Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay ha expresado su preocupación ante el aumento de agresiones en plena audiencia, lo cual socava la integridad de los operadores de justicia y la confianza en el sistema judicial.
La figura de la Policía Judicial es una necesidad imperiosa para garantizar un entorno seguro y ordenado dentro de los recintos judiciales. Los constitucionalistas que redactaron la Carta Magna de 1992 comprendieron la importancia de contar con un cuerpo especializado en la protección y asistencia a los fiscales y jueces, quienes a diario enfrentan situaciones de alto riesgo.
La reciente agresión sufrida por la fiscal Finestra durante un juicio oral y público, suspendido debido a la violencia ejercida por el procesado, es una llamada de atención urgente. El adolescente en cuestión, con antecedentes por robo agravado, violación de la ley de armas y homicidio doloso, se encontraba sin esposas y en un ambiente carente de seguridad adecuada. Este caso evidencia la necesidad de contar con agentes de policía judicial entrenados específicamente para responder a las diversas situaciones que puedan surgir en un tribunal.
La preparación especial que deben recibir estos agentes es de relevancia, pues no se trata solo de ser resguardo, sino también de entender y manejar los procedimientos judiciales con profesionalismo y respeto por los derechos humanos.
El gremio de fiscales ha alertado que estos incidentes no solo ponen en riesgo la integridad física de los agentes fiscales, sino que también afectan la independencia y objetividad con la que deben actuar. La seguridad jurídica es fundamental para el correcto funcionamiento de cualquier Estado de derecho, y su deterioro pone en peligro la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.
Es de esperar que nuestros parlamentarios tomen nota de esta situación y adopten medidas inmediatas para la creación de la Policía Judicial, tal como lo establece nuestra Constitución, postergado ya más de tres décadas.
