El ministro de Defensa, Óscar González, en declaraciones con www.latribuna.com.py, informó que una investigación de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) determinó que los explosivos de Itapúa denunciados como robados no fueron a parar en manos de organizaciones criminales. No obstante, señaló que esos productos controlados fueron comercializados en canteras no habilitadas por la Dimabel, sobre lo cual se hizo una investigación.
La DIMABEL investigó supuesto robo de explosivos en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa. El resultado del trabajo se dio a conocer en la tarde de este jueves. «Tenemos serios indicios y plena prueba» de que hubo comercialización irregular. Ya hubo otro caso de robo, de materiales similares, y en este caso, se constató fehacientemente que no llegó a manos peligrosas, y probablemente los otros casos tampoco, porque nunca se encontraron los cordones robados en asaltos registrados con explosivos», explicó.
Informó que el presidente Peña había ordenado la prohibición de venta de explosivos, tras la denuncia de supuesto robo, pero al constatarse de que los mismos no cayeron en manos del crimen organizado, el jefe de Estado levantó nuevamente la suspensión. Señaló que hay seria sospecha de que hubo autodenuncia para cubrir la comercialización ilegal. Por lo tanto, dijo que queda en manos de la Fiscalía determinar la responsabilidad penal en este caso.
En la gráfica se observa un caso de asalto con explosivos registrado el año pasado, justamente en el departamento de Itapúa.
La investigación de DIMABEL
La DIMABEL investigó supuesto robo de explosivos en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa. El resultado del trabajo se dio a conocer en la tarde de este jueves. La primera conclusión es que se descarta de que detrás de este hecho esté el crimen organizado. La segunda conclusión: hay sospecha de que hubo autodenuncia. La tercera: Hay venta ilegal de explosivos.
El director de DIMABEL, Melanio Servín, en conferencia de prensa en Mburuvicha Roga, informó que el lunes último se recibió la denuncia de una empresa de un supuesto robo de 10.000 metros de cordón explosivo. Relató que el sistema de trazabilidad permitió a la Dimabel detectar en pocos días que los explosivos fueron utilizados en canteras no habilitadas.
La DIMABEL investigó a la propia empresa La ROCA que hizo la denuncia y verificó que a su alrededor hay negocios irregulares sobre el tema. La denuncia fue el robo de 4.600 metros de cordón detonante NP10 y 150 metros de mecha corta. Sin embargo, según la investigación, esta denuncia se hizo supuestamente para cubrir el negocio de venta irregular.
En consecuencia, Servín informó que Roca S.A. fue multada con 180 jornales mínimos luego de un sumario. Sin embargo, agregó que la investigación penal pasó a cargo del Ministerio Público y si aquí se constata que realmente hubo venta irregular, la citada empresa se arriesga a una inhabilitación por seis meses además de las responsabilidades penales que surjan del proceso judicial.
«Reiteramos que el tráfico de explosivos es un tema muy sensible por lo que los controles son minuciosos», puntualizó el director de la Dirección de Material Bélico. Desde la institución oficial que regula la comercialización de explosivos para las actividades de las canteras, entre otras, el precio de venta a la canteras habilitadas oficialmente es de Gs. 50.000 por kilo, mientras que la Dimabel tiene la versión de que en el mercado irregular, los precios de venta alcanzan hasta los Gs. 450.000.
Servín confirmó que La ROCA es una empresa legalmente habilitada. Sin embargo, manifestó: «Nosotros como institución tenemos una alta sospecha de que fue una autodenuncia; pero al respecto van a decidir y resolver los órganos investigativos del Estado», señaló.
