La Junta Municipal de Ciudad del Este dio vía libre a una ordenanza que busca regular el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en la capital del Alto Paraná. Esta medida, gestada por pedido de los taxistas locales, impone una serie de condiciones para los conductores que pretendan trabajar ofreciendo dicho servicio.
No es la primera vez que vemos intentos de regulación de plataformas de transporte en Paraguay. Experiencias similares han surgido en Asunción, San Lorenzo, Capiatá y otras ciudades del país, todas con resultados infructuosos. Sin embargo, el caso de Ciudad del Este evidencia nuevamente una visión limitada de nuestras autoridades, quienes parecen centrarse en los síntomas del problema en lugar de abordar sus causas profundas. Así, los concejales municipales optaron por imponer más cargas a personas que luchan diariamente por llevar un poco de dinero a sus hogares, en lugar de encontrar una solución equitativa y sostenible.
Es una realidad incuestionable que tanto los taxistas como los conductores de plataformas están en esta lucha por necesidad. Los primeros necesitan mantener su sustento en un mercado cada vez más competitivo, mientras que los segundos recurren a estos aplicativos desesperados por una fuente de ingreso. Ante esta realidad, imponer restricciones adicionales solo agrava la situación y no implicará una solución pues de seguro habrá nuevos recovecos para cumplir con la norma.
En un editorial anterior, ya hemos señalado que el funcionamiento de las plataformas de transporte debe ser regulado en Paraguay. Sin embargo, esta regulación no debe centrarse en castigar a los conductores, sino en establecer un marco legal justo que proteja a todos los trabajadores. No podemos permitir que firmas extranjeras exploten a nuestros trabajadores locales y se lleven millones sin invertir adecuadamente en nuestro país.
Ejemplos de regulación efectiva existen en países más liberales que Paraguay, como el Reino Unido, Chile, Colombia y México. En el Reino Unido, por ejemplo, se ha legislado para garantizar a los conductores de Uber un salario mínimo, vacaciones pagadas y jubilación. Estas medidas además de proteger a los trabajadores, aseguran que las empresas operen de manera responsable y contribuyan a la economía local.
En Paraguay, las autoridades deben actuar como árbitros y defender los derechos de los trabajadores compatriotas. Más que nunca nuestros representantes deben asumir una postura valiente y patriótica para regular a las empresas que ofrecen servicios de transporte mediante aplicativos, muchas de las cuales ni siquiera tienen oficinas en el país. Estas firmas deben competir bajo las leyes paraguayas, contribuyendo a la economía nacional y garantizando condiciones justas para sus trabajadores.
Cargar de exigencias a los conductores no resolverá el problema de fondo. Por el contrario, solo fomentará nuevas formas de evasión y aumentará la corrupción entre los policías de tránsito, sin abordar las verdaderas causas de la disputa. Es hora de que nuestras autoridades dejen de mirar el árbol y observen el bosque, adoptando medidas que realmente protejan a los trabajadores compatriotas y fortalezcan nuestra economía.
