El Senador Santacruz ¿actuó como cómplice o mandadero de Hijazi?

En un contrato que se firma entre dos partes, cada una de ellas queda con una copia. Y si el contratado no proporciona pùblicamente su copia, sólo queda pensar que el contratante es quien facilitó la suya. Esta reflexión, hecha ante medios de prensa ayer por la fiscala Alicia Sapriza, dejó abierta la posibilidad cierta de que el propio entorno de Hijazi se valiò del senador Pedro Santacruz para una «vendetta» contra el ministro Antonio Fretes por haber firmado su extradiciòn a los EEUU. ¿Es cómplice o simplemente mandadero de Hijazi el senador?

En un informe publicado por la Fiscalía, vía Twitter, esta institución aclara que «no incautó nada» de contratos entre Amilcar Fretes y Kassem Hijazi, cuando hizo la requisa en la celda de éste y decomisó sus celulares. La agente fiscal Sapriza, de la Unidad Especializada del Crimen Organizado, también confirmó que en los celulares no se hallaron copias de dicho contrato, saliendo así al paso de lo que dijo el senador Santa Cruz, quien no realizó la denuncia ante el Ministerio Público sobre el caso sino directamente recurrió a la prensa. Este señaló que cuando supo de la copia del contrato no hizo la denuncia formal porque pensaba que la Fiscalía ya estaba al tanto.

Pedro Santa Cruz dijo a la 730AM: «Yo tuve conocimiento hace 3 días sobre este contrato entre el hijo de Hijazi y Amilcar Fretes. Pensaba denunciar a la Fiscalía, pero tuve conocimiento que ya estaba al tanto y no hicieron nada, por eso lo llevé a los medios», adelantándose a los hechos, sobre por qué no hizo una denuncia seria. Tampoco, aún con su investidura de congresista, tomó contacto oficial ni pidió directamente informes al Ministerio Público sobre tal situación.

Unite al canal de La Tribuna en Whatsapp

La fiscal Sapriza dijo que «ni la Fiscal General ni el fiscal adjunto, Marcos Alcaraz, tenían conocimiento sobre esa documentación, ese contrato en particular». Aclaró que los celulares incautados en la Agrupación Especializada al ser revisadas las celdas de Hijazi, «Cachorrao» y un colombiano por la sospecha de ligazón de alguno de ellos con el crimen de Marcelo Pecci, fueron entregados a órganos especializados para la extracción de datos. Cabe recordar que en la investigación del asesinato de Pecci actúan conjuntamente las fiscalías paraguaya y colombiana con cooperación de órganos de inteligencia de los EEUU.

Ministro no estaba en conocimiento

Por su parte, Amílcar Fretes ratificó por los medios de prensa que su padre no estaba en conocimiento del contrato con Hijazi. El Presidente de la Corte fue el primer firmante de la resolución de rechazo de la pretensión de Hijazi para evitar su extradición. También suscribieron los ministros Ríos y Diesel. Sin esas firmas, Hijazi hubiera podido evitar su extradición a EEUU, lo que incrementa la sospecha de una trama generada para «vengar» tal situación utilizando a un senador aliado al gobierno y cuya animaversión contra Fretes ya es pública desde hace tiempo.

El presidente del Congreso, Oscar Salomón, afirmó que hay que ser prudente en este caso, porque una persona que tiene un hijo mayor no es responsable de lo que haga su hijo, salvo que se demuestre lo contrario. Igual criterio sostuvo el Presidente de la República, aunque contradictoriamente pidió que el ministro Fretes debería «presentar renuncia», con lo que parece evidenciarse la luecha de poderes que ocurre como transfondo de esta denuncia hecha por el senador Santacruz, aliado del abdismo.

En medio de todo este debate, no podía faltar el internismo colorado. El presidente Abdo dijo a los periodistas, admitiendo que sería imprudente, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia «es más cercano al cartismo que a nosotros», lo que revela que la puja interna en el Partido Colorado es parte de esta puesta en escena. La intención de que Fretes sea hecho a un lado -sea vía renuncia o de otra forma- aparenta también que ver con la necesidad de Abdo de tratar de asegurar cuotas de poder en los ultimos meses de su mandato, sobre todo en el sistema judicial adonde podrían ir a parar en forma de denuncias muchos de los casos de irregularidades destapados durante su gobierno.