El gobierno de los Estados Unidos, nuevamente, firmó públicamente su interés y compromiso de lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Paraguay. ¡Vaya mensaje que dejó instalado: En la propia sede gubernativa, el embajador Marc Ostfield, informó que hay una recompensa de US$ cinco millones «por informaciones que conduzcan a la detención y/o condena de los responsables del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci».
El hecho se conoció dentro de un ambiente de dimes y diretes ante una publicación que vinculaba al hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, en el caso Kassem Mohamad Hijazi. Con ese tema, el mismo holding de prensa hablaba que el celular de Hijazi estaba en poder de la Embajada de EE.UU. En éste punto, quienes manejan el proceso, conocen que en el crimen de Pecci, las investigaciones son llevadas a cabo de manera coordinada entre fiscales de Paraguay, Colombia y Estados Unidos.
En el momento de las preguntas de la prensa, posterior a la declaración del embajador Ostfield, siempre dentro del Palacio de Gobierno, y por el relato en vivo que hacían programas periodísticos, se revelaba mayor ocupación por la suerte del hijo del titular de la Corte, Amílcar Fretes, y no precisamente en identificar a todos los culpables de la muerte de Pecci. Dentro de una bien marcada línea de Estado, el diplomático norteamericano, en ningún momento, se desvío de su agenda de contenido, insistiendo que el objetivo de su Gobierno es hallar a los responsables del horroroso crimen.
Hijazi fue acusado por cargos de lavado de dinero. Peleando su impunidad buscó apoyo en referentes y cercanos de los tres poderes del Estado. El documento publicado por la prensa, posiblemente con intenciones contra el ministro Fretes, tuvo como vocero al senador Pedro Santa Cruz. Es parte hoy del Consejo de la Magistratura, instancia que debe definir la nueva terna de la Fiscalía General de la República. Es uno de los que coinciden con el presidente Abdo Benítez en apurar la designación del FGE, donde varios cercano al Palacio de Gobierno están inscriptos como candidatos. Otros consideran que el jefe del Ministerio Público debe ser prescindente del Gobierno para que exista la proclamada rendición de cuentas.
Amílcar Fretes ratificó por los medios de prensa que su padre no estaba en conocimiento del contrato con Hijazi. La extradición a los Estados Unidos se llevó a cabo el pasado 8 de julio. Fue justamente con la firma del presidente de la Corte Suprema de Justicia y los ministros César Diesel y Víctor Ríos. La autoridad judicial reiteró por la página institucional del Poder Judicial su desautorización a cualquier persona que invoque su nombre.
En medio de los rumores y publicaciones, para todos los gustos, lo concretó fue la posición firme del gobierno de Joe Biden de ubicar a cada uno de los autores, morales y materiales, del crimen del agente fiscal paraguayo. Así como aquélla presencia del coordinador Anticorrupción de EE.UU., Richard Nephew, donde la prensa polarizada buscó forzar su propia interpretación, nuevamente, la política de Estado de los Estados Unidos, mostró carácter reafirmando su objetivo de hacer justicia por el crimen de Marcelo Pecci junto con responsables de Paraguay, eludiendo así algún otro interés de la prensa nacional.
