Hace unos días, la Corte Suprema de Justicia anunciaba que endurecería las medidas a fin de evitar la mora judicial. Sin embargo, la propia máxima instancia es la principal atrasada en la tarea de impartir justicia.
La justicia paraguaya se encuentra diezmada, pero esto no es responsabilidad exclusiva de los Juzgados y Tribunales, sino que mas bien el peso cae sobre los hombros de los propios ministros de la Corte. La excesiva mora judicial es un mal crónico que resta confianza y legitimidad a la institución. La dilación excesiva en la resolución de casos, ha erigido barreras que impiden el acceso efectivo a la justicia y perpetúan la impunidad.
La mora judicial no es un problema reciente, pero últimamente ha empeorado. Sus consecuencias se han vuelto cada vez más palpables en un contexto de creciente demanda de transparencia y eficiencia por parte de la ciudadanía.
La Corte Suprema de Justicia tiene una evidente superpoblación de funcionarios, y aún así es incapaz de enfrentar la carga de expedientes. Esto es el resultado de una combinación de factores dentro de los cuales resaltan la politización y procesos administrativos obsoletos.
Las estadísticas son alarmantes, y como ejemplo sirve la Sala Constitucional: 9.000 expedientes pendientes de resolución, y este no es un simple número, ya que detrás de este número existen 9.000 ciudadanos paraguayos aguardando justicia, la mayoría desde hace varios años.
Según datos del propio Poder Judicial, un porcentaje significativo de los casos permanece sin resolución durante años, y en algunos casos, las decisiones finales se emiten mucho después de que los hechos hayan perdido su relevancia o los involucrados hayan fallecido.
Este estado de parálisis judicial no solo afecta a las partes directamente implicadas, sino que también desmoraliza a la población en general, que ve con desconfianza la capacidad del sistema para impartir justicia.
La historia no termina ahí, ya que a partir de este lunes, la Sala Constitucional quedará vacante. Sí, todos sus miembros estarán con permiso. El Ministro Víctor Ríos tiene permiso por un mes. Es sabido que durante este tiempo, mientras un miembro esté fuera del país, es imposible dictar resoluciones. Quienes integren la Sala Constitucional serían miembros de otras salas, quienes tampoco estilan suscribir resoluciones de sus colegas ausentes.
La mora judicial también tiene implicaciones económicas profundas. Obviamente para los justiciables, pero también para los abogados, quienes perciben honorarios al culminar los procesos en la mayoría de los casos. Además, la demora en la resolución de las causas fomenta la tan mentada falta de seguridad jurídica.
La incertidumbre jurídica que genera desalienta la inversión, tanto nacional como extranjera. Los empresarios y emprendedores se ven disuadidos de iniciar o expandir negocios en un entorno donde las disputas contractuales pueden tardar años en resolverse. En una economía emergente como la paraguaya, esta situación es particularmente perjudicial, ya que frena el desarrollo y la creación de empleo. Por ende, no todo drama económico es un mal atribuible exclusivamente al Poder Ejecutivo.
El impacto social de la mora judicial no puede subestimarse. Los casos penales, por ejemplo, requieren una intervención rápida y decisiva para proteger a las víctimas y prevenir futuros crímenes. Sin embargo, la lentitud del sistema judicial a menudo deja a las víctimas en un estado de vulnerabilidad prolongada, perpetuando ciclos de violencia y desesperanza.
Ante esta crisis, es imperativo que las autoridades judiciales y gubernamentales adopten medidas urgentes y eficaces. La modernización del sistema judicial debe ser una prioridad nacional. Esto incluye la implementación de una burocracia más liviana que agilice la tramitación de expedientes, la capacitación continua de jueces y funcionarios, y la asignación adecuada de recursos. Además, es esencial promover una cultura de celeridad y responsabilidad dentro de las instituciones judiciales.
Es fundamental, además, que la lucha contra la corrupción sea implacable. La mora judicial a menudo está entrelazada con prácticas corruptas que benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría. La retención de expedientes en estado de sentencia es práctica común por parte de gabinetes, muchas veces con fines que poco o nada tienen que ver con la verdadera justicia.
La mora judicial es una herida abierta que requiere atención inmediata y decidida. Paraguay se encuentra en una coyuntura crítica donde la reforma judicial no es una opción, sino una necesidad imperiosa para garantizar que el principio de legalidad prevalezca y que todos los ciudadanos puedan confiar en que sus derechos serán protegidos de manera oportuna y justa. Solo así se podrá restaurar la fe en un sistema judicial que debe ser el baluarte de la democracia y el estado de derecho, ya que al final de cuentas, la justicia retardada no es justicia; es, en efecto, una forma de injusticia.
