Un nuevo operativo contra la criptominería ilegal logró desmantelar una granja ubicada en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional. Desde el 2019 hasta hoy se registró un daño patrimonial de 20 millones de dólares a la ANDE con más de 65 casos.
El Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional, se intervino un establecimiento por conexión directa de equipos de medición de suministro de Media Tensión para criptominería. Los intervinientes hallaron dos transformadores de 1.000 kVA cada uno y 176 máquinas procesadoras de criptomonedas.
Ramón Ferreira, fiscal a cargo de la Unidad Penal N° 2 de Saltos del Guairá, con orden de allanamiento emitida por la juez, Guillermina González, y acompañado por los técnicos interventores de la Institución y personal policial de la jurisdicción, procedió a ingresar al local donde se encontraron 2 transformadores de 1.000 kVA cada uno (totalizando 2.000 kVA de potencia) y 176 máquinas procesadoras de criptomonedas.
Las máquinas incautadas quedarán en el predio de la Fiscalía de Saltos del Guairá. El fiscal utiliza el sitio del procedimiento para lacrar los transformadores de potencia. Mañana, el fiscal decidirá dónde se resguardarán los transformadores, que servirán como pruebas en la investigación del delito de sustracción de energía eléctrica.
Daño patrimonial a la Ande
Profesionales de la Administración Nacional de Electricidad, Ande, señalaron que el daño patrimonial rondaría 560.000.000 de guaraníes mensual. A esto se le deben sumar los gastos de intervención y la aplicación de multas según la ley 966/64, deberán ser abonados por el responsable del inmueble, identificado por el registro de la Ande con el NIS a nombre de Raúl Sebastián Duarte Romero.
Como parte del procedimiento establecido, la Ande presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por los delitos de sustracción ilegal de energía eléctrica (Art. 173), perturbación del servicio público (Art 218) y sabotaje (Art. 274) según el Código Penal.
Gracias a la cooperación interinstitucional, se está combatiendo de manera frontal a nivel nacional estas conexiones clandestinas y el uso indebido de energía eléctrica, acciones que ocasionan importantes perjuicios económicos y afectan el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico.
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