El ministerio de Justicia pondrá en vigencia por primera vez la separación de los presos sin condena de los condenados. Esto se hará la próxima semana en la cárcel recientemente inaugurada en la localidad de Minga Guasu, Alto Paraná.
En ese contexto, el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, rubricaron hoy en la sede del Poder Judicial un memorándum de entendimiento de actuación en el ámbito de sus respectivas competencias legales para buscar soluciones a la dilación indefinida de los procesos judiciales y el hacinamiento en las penitenciarías del país.
El acto contó con la presencia de los ministros de la Corte, Alberto Joaquín Martínez Simón, César Manuel Diesel, Eugenio Jiménez Rolón y Gustavo Santander Dans. Por el Ministerio de Justicia estuvieron los viceministros Rafael Caballero y Rodrigo Nicora, y la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González.
Identificar cada caso
El objetivo del acuerdo es identificar procesos judiciales actuales sin condena, en procura de favorecer la gestión jurisdiccional, asegurando el acceso a la justicia en tiempo oportuno y de un modo eficiente. La colaboración estrecha también permitirá separar a las personas privadas de libertad que tienen condenas en firme, de aquellas procesadas, explicaron los firmantes.
El ministro de Justicia, Ángel Barchini, indicó que desde la nueva política de Estado, los nuevos centros penitenciarios tendrán una total practicidad para el tratamiento de la reinserción social efectiva de las personas privadas de libertad, desde la Dirección de Bienestar y Reinserción Social del Viceministerio de Política Criminal.
“Las personas privadas de libertad que serán trasladadas con un perfil personalizado, ingresarán en un proceso inmediato de reinserción, para que las mismas tengan estudio, un oficio y un dinero ahorrado, y no vuelvan a reincidir en el delito en menos de 60 días”, dijo Barchini.
Ambas instituciones convinieron en desarrollar e implementar trabajos de coordinación práctica y tecnológica, consistentes en elaboración de censos en los establecimientos penitenciarios, realización de audiencias para la depuración de aquellas medidas cautelares de coerción personal extemporáneas, infundadas o excesivas, y utilización de medios tecnológicos para la realización de audiencias procesales, un cambio radical que aumentará el porcentaje de sentencias de las personas privadas de libertad, explicó el ministro.
