El trabajo del Ministerio Público es sumamente difícil en el Paraguay. Recursos recortados, exceso de causas, excesiva burocracia entre otros males, tornan pesada la tarea de los fiscales. Pero existe también un problema exógeno, que perjudica aún más el ya complicado escenario del órgano extrapoder.
La dinámica compleja de la política y sus peculiares actores entorpecen el avance de causas. Para nuestra justicia, la independencia del Ministerio Público debería emerger como una piedra angular esencial para la consolidación del estado democrático y de derecho. Últimamente, hemos sido testigos de intentos constantes de intromisión por parte de diversos poderes y sectores políticos y empresariales que buscan manipular la labor de este órgano con el fin de obtener beneficios personales o acaso evadir causas penales. Esta situación plantea una amenaza directa a la justicia y al bienestar de nuestra sociedad.
Es cierto, existen múltiples cuestionamientos que pueden hacerse; sin embargo estos deben ser planteados de manera seria, mediante conductos institucionales, mas no mediante la fuerza de poderes fácticos que pretenden influir por fuera de la formalidad. La fiscalía debe enfocarse en la resolución de cuestiones que hacen a la defensa y representación de la sociedad sin distracciones y sin constantes amenazas de procesos en contra de sus representantes.
El Ministerio Público tiene la misión de representar a la sociedad en la persecución de los delitos y la protección del interés público. Este rol es indispensable para mantener la legalidad y garantizar que todos los ciudadanos, sin distinción, sean sujetos a la ley. Para cumplir con esta función, la autonomía e independencia del Ministerio Público son condiciones indispensables. Sin ellas, se corre el riesgo de que el sistema de justicia sea instrumentalizado y pierda credibilidad.
La presión sobre el Ministerio Público no es una novedad. Históricamente, ha habido múltiples intentos de cooptar su independencia mediante influencias externas, ya sea desde otros poderes o desde sectores económicos y políticos poderosos. La alianza político-periodística no hace ningún bien, pues ambas partes pierden credibilidad al forzar a la opinión pública a pensar en determinada dirección. Estas interferencias buscan muchas veces desviar investigaciones, proteger a aliados o perseguir a opositores, creando un clima de impunidad que desmejora la confianza pública en las instituciones.
El caso de fiscales que enfrentan presiones o amenazas es ilustrativo de este problema; estos amedrentamientos ocurren incluso públicamente, a la vista de todos, incluso en portadas y noticieros. La opinión de todos los sectores debe siempre ser oída, es verdad; empero, al tratarse de cuestiones de estricto derecho, y la mayor de las veces cuestiones sumamente delicadas, debe primar la objetividad. En el mundo de la política y su exposición, la pasión o el fanatismo pueden ser una excepción a la regla de la objetividad, sin embargo, en el ámbito jurídico, aquella regla debe ser inviolable y aplicable a todos, sin excepción.
Todos debemos velar por la libertad de la fiscalía para cumplir su función. La intromisión en el Ministerio Público no solo afecta a los fiscales, sino que tiene repercusiones mucho más amplias. Un sistema judicial comprometido genera desconfianza en la ciudadanía, desalienta la denuncia de delitos y fomenta un clima de impunidad. Además, la manipulación de la justicia por parte de intereses particulares daña la equidad del sistema legal, haciendo que los ciudadanos perciban que la justicia es un privilegio de unos pocos y no un derecho de todos.
Para avanzar hacia una independencia auténtica del Ministerio Público, es fundamental garantizar al Ministerio Público la tranquilidad para trabajar. Obviamente, esto de ninguna manera significa privar a la ciudadanía de ejercer su rol contralor, sino más bien de ejercer este derecho sin intromisión.
La independencia absoluta del Ministerio Público en Paraguay no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para el funcionamiento saludable de nuestra democracia. Resistir los intentos de intromisión por parte de cualquier sector y fortalecer las estructuras que garantizan su autonomía es un deber de todos los ciudadanos comprometidos con la justicia y la legalidad. Solo así podremos asegurar que el Ministerio Público cumpla su misión de manera efectiva, protegiendo el interés público y fortaleciendo el estado de derecho en nuestro país.
