En un mundo donde la energía es el eje central del desarrollo económico y social, la iniciativa del gobierno de dar mayor importancia al factor energético representa una medida necesaria y sobre todo estratégica. En efecto, en la semana que termina se anunció el interés de capitalizar los abundantes recursos de energía renovable con que cuenta el país, además de reforzar el marco legal contra el robo de energía y la criptominería ilegal.
Paraguay, con su rica dotación de energía hidroeléctrica limpia y barata, tiene un potencial inmenso para liderar en el campo de las energías renovables. Las represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, que han sido pilares fundamentales del suministro energético, posicionan al país como un actor clave en el sector energético regional. Por años hemos desaprovechado este recurso y renunciado inclusive a su mejor aprovechamiento en favor de los países vecinos, socios en las dos hidroelécticas más importantes.
Para sumarse a esto en los últimos tiempos aparecieron los piratas de la criptominerías, que roban cantidades industriales de energía de la Ande a través de conexiones clandestinas.
El anuncio de un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo puede ser un paso importante en la lucha contra este nuevo flagelo. El proyecto, según se anunció propone modificaciones al Código Penal, para establecer penas de hasta 10 años de cárcel por el robo de energía eléctrica de la Ande, así como la incautación y decomiso de los bienes utilizados en dichos delitos. Una medida más que necesaria, considerando la gravedad del problema que está generando graves perjuicio al Estado y a los usuarios de la entidad.
La criptominería ilegal, que genera multimillonarias ganancias a costa del robo de energía, también afectó al usuario común por los problemas de baja tensión, destrucción de electrodomésticos y constantes cortes en el servicio. A pesar de las intervenciones y denuncias, solo se ha logrado una condena con una pena que puede considerarse irrisoria en comparación con las ganancias ilícitas obtenidas.
Son plausibles estas iniciativas, pero para que estas medidas sean efectivas, es imperativo que la ANDE también haga una profunda revisión interna. La proliferación de la criptominería ilegal no podría haber sido posible sin la complicidad de sus funcionarios. La institución debe identificar y sancionar ejemplarmente a los técnicos y empleados que han facilitado estas actividades ilegales. La Ande debe también desterrar la mafia interna que permitió este desorden. Asimismo, es necesario erradicar las conexiones de privilegio que permiten a ciertos individuos y políticos pagar facturas irrisorias, mientras que la ciudadanía en general debe cumplir con sus pagos bajo la amenaza de cortes de servicio.
El desafío para la ANDE es enorme, pero también lo es su poder y responsabilidad. La institución debe emprender una limpieza interna para recuperar la confianza ciudadana y garantizar que las leyes no se conviertan en letras muertas. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para el éxito de estas iniciativas.
La energía es, sin duda, el motor del desarrollo y su manejo eficiente y justo puede catapultar al país hacia un futuro próspero y sostenible. La ANDE tiene ahora la oportunidad y la obligación de demostrar su compromiso con estos objetivos, emprendiendo reformas internas y colaborando con el gobierno para transformar el sector energético paraguayo en un ejemplo a seguir en la región y el mundo.
