En marzo pasado una movilización de camioneros por la reducción del precio del combustible acaparó la atención de la opinión pública. El conflicto iba alargandose y agravándose. Como salida, el presidente del Congreso Oscar “Cachito” Salomón convocó a los camioneros y les prometió el tratamiento de una Ley de Estabilización del precio del combustible.
Los camioneros creyeron en la promesa y levantaron la medida de fuerza, pero finalmente cuando iba a tratarse sobre tabla el proyecto, Enrique Bacheta, senador oficialista, dijo que el tema debe ser mejor analizado y debatido y no se trató. Los camioneros quedaron en offside. A esas alturas ya habían levantado la medida de fuerza y debían hacer una nueva convocatoria, pero para el gobierno de Mario Abdo Benítez, el levantamiento del paro ya significaba un gran respiro.
La misma estrategia volvió a utilizar «Cachito» Salomón con los transportistas el pasado mes de setiembre, cuando por cinco días camioneros y conductores de plataforma se manifestaron solicitando la reducción del precio del combustible.
Salomón, conjuntamente con José “Pakova” Ledesma se reunieron con los líderes de la movilización y les prometieron que se trataría un proyecto de Ley para lograr la reducción del precio del combustible. Inocentemente, los dirigentes creyeron en las promesas y levantaron sus manifestaciones. El tema tampoco fue tratado en sesión, pero ya se había levantado la movilización.
Los camioneros decepcionados finalmente anunciaron que boicotearían la inauguración de los juegos Odesur, que se anunciaba para esas fechas. Finalmente, el gobierno acordó una reducción de 560 guaraníes. La movilización se había levantado, el problema se enfrió, el combustible siguió subiendo. La mediación de Salomón solo sirvió para dilatar el problema.
El 30 de setiembre pasado un incendio de gran magnitud se desató en uno de los depósitos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). En el siniestro perdió la vida un funcionario y se destruyeron unas 9.000 máquinas de votación y todos los equipos del sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales.
Para el domingo 2 de octubre, el presidente del Congreso ya había convocado a los ministros del TSJE para que informen al Congreso. Los ministros acudieron pero dejaron en evidencia ante la sociedad que no sabían nada de lo que pasa en la institución. En más de una ocasión tuvieron que recurrir a los funcionarios que los acompañaban para que brinden las respuestas. ¿Sirvió de algo la convocatoria a los ministros del TSJE?
A principios de noviembre estalló un nuevo escándalo con las revelaciones de Ana Dina Coronel sobre el posible paradero de Oscare Denis, exvicepresidente de la República, secuestrado por el EPP. Los funcionarios Edgar Olmedo, exministro de justicia y actual representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura y el actual ministro de Justicia, Daniel Benítez, accedieron a la información y la ignoraron olímpicamente, sin informar a los investigadores. Nuevamente fueron convocados por la mesa directiva del Senado, presidida por Oscar «Cachito» Salomón.
Por las fotos que se difundieron, la reunión fue más que amena. Los funcionarios evadieron todas las preguntas y dijeron que responderían por escrito a las consultas de los senadores. Una vez más «Cachito» logró poner paños fríos a un escándalo. Mientras se espera el informe de Olmedo y Benítez, ya explotará otro escándalo y muy probablemente el caso pasará al olvido.
El Censo de Población y viviendas fue un tremendo fiasco. Dos años de preparación y 43 millones de dólares de recursos, para una pésima comunicación, decersión de censistas y cientos de casas que no fueron censadas. Ante el escándalo, nuevamente aparece la «salomónica solución» de un llamado al director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda, para que informe al Congreso. Al terminar la reunión Salomón salió a hablar ante la prensa para declarar que el Censo no fue un fracaso y que no fue tan grave lo que ocurrió.
Es innegable la obligación constitucional que tiene el Senado de convocar a los funcionarios para pedir informes, pero a todas luces, en los casos mencionados, se nota que este recurso fue utilizado, por el presidente del Senado, Oscar «Cachito» Salomón, para desviar la atención, tranquilizar a la opinión pública y arrojarle una «salomónica» tabla de salvación a la administración de Mario Abdo Benítez.
