Una investigación fiscal determinó que los funcionarios de la Ande habrían cometido serias irregularidades tipificadas como delitos de estafa, reducción, apropiación y asociación criminal, causando un daño patrimonial al ente estatal de más de 7 mil millones de guaraníes.
Silvio Corbeta, agente fiscal anticorrupción imputó a seis funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, reducción, apropiación y asociación criminal, luego de que se dedicaban a robar cables, causando un perjuicio de más de G. 7.100 millones al ente.
Se identificó a los imputados como Ronie Rodríguez, Gerardo Samudio, Edgar Báez, Fernando Giménez, Julio Lovera, Egidio Bordón, Juan González y Francisco Ariel Ocampos. La Fiscalía pidió la inhibición general para enajenar y/o gravar bienes de los imputados. También que se disponga la prohibición de salida del pais, comparecencia mensual o trimestral ante el juzgado, caución real o personal por la suma que el juzgado estime conveniente.
Para el Ministerio Público, los mismos formaron parte de una asociación ilícita para pedir, retirar y entregar cables del ente eléctrico, simulando una necesidad inexistente para el uso de los materiales, sin que efectivamente tengan el destino que debían tener y que motivaron la adquisión por la institución.
Sin documentaciones
La imputación especifica que presuntamente Rodríguez, como jefe de la sección Distribución de Limpio de la ANDE, pidió y retiró 334.213 metros lineales de cables del depósito de materiales, sede Boggiani. Rodríguez habría autorizado a los funcionarios del ente, Samudio, Báez y Giménez y a un empleado de la firma CIME S.R.L., Lovera, para retirar los cables que debían ser utilizados en Limpio.
Las personas citadas no llenaron en forma correcta los documentos que justifiquen el uso y destino de los materiales, causando un perjuicio al organismo. Asimismo, Bordón. González y Ocampos, funcionarios del depósito de materiales de la sede Boggiani, entregaron los conductores eléctricos entre el 1 de enero de 2021 al 31 de marzo de 2022 a los coimputados, pese a que el formulario de retiro no cumplía con las normativas de la institución.
Medidas solicitadas
Tomando en consideración las circunstancias precedentes referidas a los hechos punibles mencionados, el Ministerio Público solicita la suspensión a la ejecución de la prisión preventiva sobre los mismos de conformidad a lo dispuesto en el Art. 245 del Código Procesal Penal modificado por el art. 1º de la Ley Nº 6350/19, a fin de garantizar la comparecencia de los imputados al proceso, y en particular las que se detallan a continuación. También se solicita, la inhibición General para enajenar y/o gravar bienes de los imputados.
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