El Ministerio Público está constitucionalmente llamado a ser representante de la sociedad en el sistema judicial (Art. 266 CN), en la investigación y persecución de delitos y crímenes, con el objetivo superior de lograr la seguridad de las personas, la protección de sus patrimonios y lograr la paz social. Suena muy rimbombante, pero es el alto propósito de la existencia de esta institución en la República. Suena grande, pero la realidad nos ha mostrado a lo largo de años, de décadas, cuán lejos de tales objetivos se ha venido ejerciendo la tarea desde el Ministerio Público, cuya responsabilidad principal está en la Fiscalía General del Estado.
Desde este medio venimos recogiendo cotidianamente los pasos del proceso para la elección de la persona que deberá ejercer la Fiscalía General del Estado desde el año próximo. Y venimos advirtiendo la presencia de postulantes que evidencian su ligazón al Poder Ejecutivo, cuyo titular actúa como otros antecesores en este tema: buscar un Ministerio Público afín a sus intereses y que le permita tener un amplio manto de protección e impunidad ante cualquier hecho de corrupción en el cual surgiera como responsable. Los numerosos casos señalados en el debate público como indicios de corrupción o actos con alta sospecha de irregularidades por parte del poder administrador del Estado avalan que esta tesitura de la búsqueda de un Fiscal General «cómplice» y «encubridor» no está alejada de la realidad ni del propósito de Mario Abdo Benítez.
Siendo el Ministerio Público representante de la sociedad, es decir, de la gente, y no de los demás Poderes del Estado ni de los partidos ni facciones políticas, lo deseable es que quien acceda a ese cargo llegue con las alforjas cargadas de independencia, idoneidad, coraje y eficiencia para desarrollar una tarea esencial que permita a la ciudadanía recuperar la confianza en sus instituciones. Y, principalmente le permita a la gente ver que quienes lucran con el dinero público, quienes aprovechan sus cargos o atributos públicos para engrosar sus cuentas bancarias, quienes ven al Estado y lo usan como negocio privado, sean sometidos a la fuerza de la ley y sean juzgados y condenados de manera acorde a sus tropelías y delitos.
No necesita el país una Fiscalía General del Estado cómplice ni encubridora de corruptos y criminales. No necesita el país una Fiscalía General del Estado inútil, ineficiente, incapaz de hacer su trabajo de investigación y persecución de hechos punibles en nombre de la sociedad. Se precisa una Fiscalía General del Estado con capacidad de conducción valiente, independiente y eficaz de una institución que lamentablemente se ha venido embarrando de ineficiencia, negligencia, desidia e inutilidad.
La gente necesita fiscales que hagan su trabajo con prontitud, eficiencia y coraje. No que extiendan alegremente sus periodos de investigación hasta el máximo que le permite la ley solo para «dejar pasar el tiempo» y finalmente presentar acusaciones e investigaciones desprolijas, sin fundamentos racionales ni evidencias claras, como existe en muchos, muchísimos casos. La gente necesita fiscales que respeten el dolor y la necesidad de justicia de las víctimas, y no las sometan a mayores torturas burocráticas o las condenen a no tener información alguna de los casos bajo la sempiterna excusa del «secreto de la investigación» cuya laxitud normativa sólo usan para evitar que se conozcan la dejadez y procrastinación investigativa tan usual en sus casos. La gente necesita un Ministerio Público que sea claro, transparente en sus actuaciones y decisiones, y no, por ejemplo, termine prostituyendo los postulados de la Constitución y la ley en base a «instructivos» internos que, amén de no ser difundidos, terminan muchas veces destruyendo o distorsionando garantías constitucionales o legales en un ejercicio abusivo de la «reglamentación» antijurídica y contraria al principio de prelación de las normas.
Ni cómplice, ni encubridora. Ni inútil, ni cobarde. Ni sumisa, ni adulona. El país necesita una Fiscalía General del Estado que ayude a combatir con coraje, con real independencia y patriotismo la corrupción, la inseguridad, la delincuencia, la injusticia. Esperemos que en el proceso selectivo actual haya candidatos que puedan sostener estas cualidades. Y no seamos, de nuevo, sometidos por la angurria de poder de sinvergüenzas y corruptos en esta decisión fundamental para la nación.
