La proliferación de aplicaciones de viajes en el país, significó por un lado un alivio en tiempo de pandemia, para generar ingresos a familias que perdieron sus fuentes de empleos, también, hay que reconocer, que estas aplicaciones, contribuyen en alguna medida a paliar el pésimo servicio de transporte público que tiene nuestro país, pero al mismo tiempo esta nueva realidad presenta una serie de desafíos que no se pueden ignorar por más tiempo. Bajo el manto de la libre competencia, estas plataformas internacionales han encontrado en nuestro territorio un terreno fértil para prosperar, generar multimillonarias ganancias, sin contribuir justamente a la economía local.
El argumento del libre mercado, que en teoría debería fomentar la competencia y la innovación, ha sido llevado al extremo, dejando a su paso un escenario desigual y perjudicial para los trabajadores locales. Empresas millonarias operan en nuestras calles sin tributar lo justo, sin representación legal, y sin ofrecer garantías ni protección a los conductores paraguayos, que se ven obligados a asumir riesgos extremos en busca de un sustento.
El impacto de estas aplicaciones no se limita solo al ámbito económico, sino que también socava la estabilidad de un sector tradicional como el de los taxistas, cuyo papel en la dinámica económica y social del país es indiscutible. Familias enteras dependen de este trabajo, que no solo mueve dinero en los barrios, sino que también garantiza la movilidad y el acceso a servicios básicos para muchos paraguayos.
Países que comparten ideales de libre mercado han reconocido la necesidad de regular estas plataformas, comprendiendo que la verdadera competencia debe darse en un marco de igualdad y equidad. Reino Unido, Chile, Colombia, México y Argentina han tomado medidas para salvaguardar los intereses de sus ciudadanos y garantizar un ambiente de competencia justa.
Es alentador ver que en el Congreso Nacional se está debatiendo un proyecto de ley que busca poner fin a esta situación. Sin embargo, la complejidad del tema requiere un análisis detenido y la participación de todos los sectores involucrados. Es fundamental que se escuche la voz de los afectados directamente y que se contemplen medidas que promuevan una economía solidaria, que proteja tanto a los taxistas como a los conductores de aplicaciones.
Las audiencias públicas y mesas de trabajo interinstitucionales son pasos fundamentales para la elaboración de una legislación que equilibre los intereses de todas las partes involucradas. La regulación no debe ser vista como un obstáculo, sino como una oportunidad para garantizar un mercado justo y seguro para todos.
El reiterado clamor de regulación por parte de los taxistas es un llamado de atención que no podemos ignorar. Es oportuno que nuestras autoridades raccionen y tomen cartas en esta cuestión y establezcan un marco legal claro y equitativo para el funcionamiento de las plataformas de viajes. No podemos permitir que la exacerbación del libre mercado sacrifique el bienestar y la seguridad de nuestros ciudadanos.
