Una triste realidad de la administración pública en nuestro país es la procrastinación. Paraguay, tierra de contrastes y de una ciudadanía resiliente, parece atrapado en un circulo vicioso de inacción y falta de responsabilidad por parte de las autoridades. Esto se hace evidente en áreas vitales como las obras públicas y el transporte urbano, por mencionar solo dos, porque la falta de abordaje para buscar soluciones de fondo se da en todas las áreas.
Las deficiencias en las obras públicas han llevado a situaciones desastrosas donde las ciudades colapsan con cada lluvia, y las pérdidas humanas se suman a la lista de los efectos de la procrastinación gubernamental. Es solo después de tragedias que las autoridades comienzan a moverse, y aún así, la respuesta suele ser reactiva en lugar de proactiva. La imputación de intendentes por estas negligencias es una medida plausible. A lo mejor después de ésto, los demás intendentes procuren precautelar más la seguridad ciudadana.
El transporte público, por su parte, es un tema que ha estado en el centro del debate público durante décadas. A pesar de los múltiples intentos por parte de diferentes administraciones para abordar el problema, seguimos atrapados en un laberinto de ineficiencia y corrupción. ¿Cómo es posible que en 35 años de democracia no se haya encontrado una solución adecuada para un problema que afecta únicamente al área metropolitana de Asunción? No estamos hablando de un problema nacional.
Las medidas tomadas hasta ahora han sido tan numerosas como ineficaces, desde subsidios, contratación de asesores extranjeros, sucesivos viajes de autoridades “para conocer experiencia de otros países”, créditos regalados del Banco Nacional de Fomento, llegando a la implementación del billetaje electrónico. Sin embargo, ninguna de estas acciones ha logrado resolver los problemas fundamentales del sistema de transporte público. La falta de un plan integral y sostenible ha dejado a los ciudadanos a merced de un servicio deficiente y vergonzoso.
El gobierno de Santiago Peña realizó hace unos días un nuevo cambio de viceministro de Transporte, con la promesa de “mejoras sustanciales” en el servicio. Una reunión entre autoridades y representantes de los transportistas reveló coincidencias en la necesidad de mejorar y en la búsqueda de varias alternativas de solución. Lo que realmente hace falta es eliminar la corrupción estatal y la de los transportistas, ya que ambos lados están involucrados en prácticas corruptas, y establecer un plan con control ciudadano. El trabajo de unos jóvenes de la organización OPAMA reveló una serie de prácticas corruptas dentro del sistema. Un plan que busque realmente tomar el toro por las astas, debe incluir necesariamente, la representación y control ciudadano. De lo contrario, dentro de 10 años seguiremos dando vueltas sobre el mismo problema.
Es hora de dejar de postergar el problema y buscar culpables. Es momento de tomar medidas concretas para mejorar el transporte público. La procrastinación sobre este tema ya ha cobrado un precio demasiado alto en vidas y en calidad de vida para seguir siendo tolerada. La administración de Peña tiene ahora la brillante oportunidad de darle un corte definitivo a este problema y dejar como legado un sistema de transporte público eficiente, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los usuarios.
