El Instituto de Previsión Social es información siempre por lo mismo desde hace años: Magro servicio y deudas. Sin embargo, poco se habla que detrás de los ruidos mediáticos también hay factores de porcentajes que juegan su partido. Una pugna de varios sectores es por su fondo de jubilación, un tremendo dineral (US$ 2.400 millones) que cualquier entidad bancaria o grupo privado lo querrá manejar, que ya se inicia por la atracción de los intereses que reporta.
De sus tres patas la que nunca cumplió fue el Estado, tiene una deuda acumulada de aproximadamente US$ 400 millones. Los empleadores y trabajadores pagan compulsivamente. Recordemos que del aporte total menos del 40% va destinado a salud, el 54% se coloca para jubilación y el 6% es para el uso administrativo. Haciendo un cálculo rápido sobre el salario mínimo, la paga de cada asalariado en concepto de salud es cerca de G. 100 mil. Algo insignificante comparado con lo que se abona por el seguro médico en el sector privado. Por esa suma de G. 100 mil, el asegurado recibe cirugías de alta complejidad, anteojos, fármacos, etc, con la diferencia que menos del 2% lleva casi todo el presupuesto por precisar remedios oncológicos.
Apuntamos al empezar el Editorial que la discusión mediática es la misma de siempre: Mal servicio y deudas. Casi es un círculo vicioso que poco o nada habla en términos de solución, y es que IPS necesita sanear su deuda de años, al menos si el objetivo es que permanezca perenne en el tiempo. Cuidado que eso debe darse sin poner en riesgo los fondos de jubilación, que es por donde quieren llevar agua algunos interesados del sector privado. Obviamente es crucial la transparencia de todo lo que engloba relación con industriales farmacéuticos, importadores de fármacos, proveedores, y el corte de mano a los políticos con poder de turno.
Hay agregar que a la deuda histórica se sumó la carga de US$ 100 millones, monto que costó a la previsional poner el hombro por Salud Pública durante la pandemia. A eso debe añadirse pagos a los trabajadores que perdieron su puestos por efectos del virus o auxilios que hizo a empresas que se declararon en quiebra. Es decir, IPS salió a cumplir roles del Ministerio de Salud, incluso haciendo de DIBEN y hasta de Hacienda. Además hay que recordar que en los últimos años entraron funcionarios públicos a gozar del seguro, y en la mayoría de los casos, esos descuentos que hace el Estado tampoco llegan a las arcas del Instituto de Previsión.
Otro punto que merece precisar es que la Carta Orgánica no está ajustada al tiempo que hoy vive IPS. Ella concentra más los objetivos de los políticos y no lo que realmente requieren los verdaderos dueños; empleadores y asalariados. Si la idea es sostener la previsional, no queda otra que sanear su deuda de años y entender que faltan medidas administrativas para asistir a la mayoría de los enfermos del país. La agenda del IPS no puede seguir manejada por quienes anhelan los fondos de jubilación o buscan escamotear algún porcentaje del mismo por su colocación o ceder a presiones de las empresas que disputan las licitaciones. Si la idea es no matar el seguro público, entonces hay que sanear su deuda de años.
