En las últimas semanas, Canindeyú se convirtió en el foco de atención de la opinión pública, por una sucesión de hechos relacionados con el poder del narcotráfico. Así, mediante publicaciones periodísticas, la sociedad paraguaya ha sido testigo de la ascensión de figuras como un tal Felipe Santiago Acosta, conocido como «Macho», quien se ha erigido como una suerte de emperador en la zona, desafiando incluso a las fuerzas policiales. A su vez, se ha deslizado el nombre de una mujer vinculada al mundo del narcotráfico, señalada como autora intelectual de varios crímenes en la región.
Las crónicas policiales describen una situación que parece sacada de las tramas más violentas de las series sobre cárteles mexicanos: una guerra entre bandas rivales por el control de territorios, casos de sicariatos, enfrentamientos violentos y ejecuciones. Sin embargo, esto no es ficción, sino la cruda realidad que enfrenta Canindeyú.
El accidente aéreo de la víspera que cobró la vida de un joven de 37 años, con un frondoso historial relacionado al narcotráfico, agrega un capítulo más a esta historia de impunidad y poder desenfrenado. El hombre abiertamente demostraba su admiración por un narcotraficante mexicano y hacia ostentaciones de riqueza y poder. Ante todo esto, resulta inevitable preguntarse cómo individuos como estos lograron acumular tal influencia y riqueza sin la complicidad de autoridades tanto nacionales como regionales.
Tristemente debemos recordar que el flagelo del narcotráfico ha cobrado vidas valientes, como la del periodista Pablo Medina, quien pagó el precio más alto por denunciar a los grandes capos y sus cómplices. La falta de acción por parte de gobiernos anteriores permitió el crecimiento desmedido de estas organizaciones criminales, sembrando violencia y muerte en nuestra sociedad.
El anuncio del presidente Santiago Peña de ampliar la zona de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta hacia Canindeyú es un paso importante para contener el flagelo. Pero ¿qué están haciendo la justicia y la fiscalía para investigar y procesar a los implicados? Si la policía divulga nombres de presuntos capos y el ministro de la Senad habla de una lista negra de próximas víctimas, que incluye a periodistas ¿por qué estos individuos continúan en libertad?
La administración de Peña tiene ahora la posibilidad de poner fin a esta tierra de nadie, controlada por bandas criminales. La lucha contra el narcotráfico requiere no solo de acciones militares parches, sino de una voluntad política firme para desmantelar las redes de corrupción que permiten la impunidad de los narcotraficantes. La sociedad paraguaya no puede permitirse seguir siendo rehén del crimen organizado. Es hora de actuar con determinación y justicia para devolver la paz y la seguridad a Canindeyú y a todo el país.
