La Fiscalía siguió este viernes con su intervención en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La agente fiscal, Belinda Bobadilla, confirmó que se constituyó en esta institución ante las denuncias sobre supuestos pedidos de dinero para la entrega de títulos de propiedades.
Posteriormente, el propio Ministerio Público informó oficialmente que allanó y se incautó evidencias vinculadas con presuntas adjudicación de inmuebles.
El informe oficial dice que «la agente fiscal anticorrupción, Belinda Bobadilla, acompañada de funcionarios a su cargo y la Lic. Victoria Fleitas del departamento de Informática del Laboratorio Forense del Ministerio Público, realizaron un allanamiento al local del INDERT, ubicado en Eligio Ayala, en el edificio Plaza 600».
Agrega que «la diligencia fue realizada en cumplimiento de una orden judicial, solicitada por el presidente de la institución, Francisco Ruiz Díaz, quien en el día de ayer (jueves 18 de abril) había ordenado la clausura provisoria de las dependencias ubicadas en dicho lugar, la prohibición de ingreso de funcionarios y la autorización para que el Ministerio Público realizara el registro».
Continúa diciendo que «la inspección duró gran parte de este viernes y derivó en la incautación de varias cpus, expedientes y resoluciones que guardaría vinculación con la adjudicación de inmuebles, supuestamente vinculados en campos comunales».
Y concluye recordando que «los campos comunales son extensiones de tierras destinas para el uso común de los habitantes de las comunidades vecinales adjudicadas a lotes fiscales adjudicados por el INDERT y que, por ningún motivo, pueden ser vendidos, cedidos, embargados o enajenados».
La agente fiscal, Belinda Bobadilla, aunque no dio detalles de la investigación, dijo que son tres dependencias administrativas del INDERT que están bajo pesquisas por el momento. «Estamos llevando a cabo registros en diferentes partes de la propiedad que es parte de la denuncia», afirmó la agente fiscal.
Indicó que la misma se refiere a trámites que se realizan «a cambio de un beneficio económico para agilizar documentos de campos comunales».
Ayer, el propio presidente del INDERT confirmó que pidió la intervención del Ministerio Público porque recibió denuncias de las personas afectadas, que en su mayoría son mujeres de escasos recursos. En ese sentido, señaló que cinco funcionarios presumiblemente serían los involucrados y que habrían solicitado 7 millones de guaraníes por cada título de propiedad en trámite.
La investigación fiscal, por ahora, es aún incipiente. Por un lado, se trata de recabar datos y revisar los documentos o registros de propiedades con el objetivo de detectar si se cometieron delitos en los trámites. Por otro lado, aún no hay novedad sobre el supuesto pedido de coima por parte de los funcionarios del INDERT a las mujeres de escasos recursos.
