La detención y posterior liberación de miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en Buenos Aires vuelve a reavivar el dolor y el clamor de justicia por parte de las familias víctimas de este grupo criminal. Este suceso, además de exponer las fallas en el sistema de cooperación entre países en materia de seguridad, pone de manifiesto la necesidad urgente de que Argentina reconsidere su postura y proceda con la extradición de estos forajidos a Paraguay.
El EPP, una organización criminal arraigada en el norte de nuestro país, ha sembrado el terror durante más de dos décadas, perpetrando secuestros, asesinatos, extorsiones y brindando protección a narcotraficantes. Las víctimas de sus actos delictivos, como los familiares del ex vicepresidente Oscar Denis, Edelio Morínigo, Félix Urbieta, y muchos otros cuyos crímenes siguen impunes, continúan clamando por justicia y por saber el paradero de sus seres queridos.
La decisión del gobierno argentino de otorgar estatus de refugiados a miembros del EPP, permitiéndoles evadir la justicia paraguaya, es una afrenta a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La ministra del Interior de Argentina, Patricia Bullrich, ha reconocido la necesidad de rectificar esta situación, anunciando que se emprenderán acciones para la extradición de estos forajidos a Paraguay.
Es imperativo que Argentina cumpla con su deber de colaborar en la lucha contra el crimen transnacional y garantice que aquellos que han cometido graves delitos en territorio paraguayo enfrenten la justicia. La extradición de los miembros del EPP no solo es un acto de solidaridad hacia el pueblo paraguayo, sino también una medida necesaria para poner fin a la impunidad y asegurar que se haga justicia por los crímenes cometidos.
La falta de comunicación entre los gobiernos argentino y paraguayo respecto al estatus de refugiados concedido a los miembros del EPP es un grave error que debe corregirse de inmediato. Es fundamental que nuestros países trabajen en conjunto para garantizar que no se repitan situaciones como esta en el futuro y que se fortalezcan los lazos de cooperación en materia de seguridad y justicia.
Argentina tiene la responsabilidad moral y legal de extraditar a los miembros del EPP a Paraguay para que enfrenten las acusaciones en su contra y se haga justicia por los crímenes cometidos. Es hora de que se ponga fin a la impunidad, se repare el dolor y se brinde al pueblo paraguayo la tranquilidad y la seguridad que tanto merece.
