El ex banquero, Jorge Peirano Basso, fue detenido en Uruguay por orden de la jueza en lo penal del 23° turno, Isaura Tórtora. Peirano, investigado en Paraguay por maniobras fraudulentas contra los ahorristas del Banco Alemán y el Fondo Mutuo Banalemán a principios de 2000, según fuentes judiciales, llegará al país el próximo viernes.
Paraguay había solicitado la extradición de Peirano y la resolución de la jueza Tórtora que puso al exbanquero Peirano a cargo de la justicia de Paraguay indica que los trámites legales están en curso y que la magistrada está evaluando las condiciones para que el traslado se lleve a cabo.
Peirano se enteró de una orden de arresto en su contra y se presentó voluntariamente ante las autoridades. Las autoridades lo llevaron al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación. Aquí, someterán al exbanquero Peirano a un examen del Instituto Técnico Forense para determinar su aptitud para la extradición.
En 2016, un Tribunal de Apelaciones confirmó por primera vez la extradición, la cual posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Según lo establecido en el artículo 22 del tratado de extradición entre los Estados miembros del Mercosur, la jueza Tórtora rechazó la propuesta de la defensa del exbanquero de pagar los costos del traslado en un vuelo comercial, a pesar de que la Fiscalía la aceptó. Este artículo del tratado regula el procedimiento adecuado para la comunicación entre los Estados y la entrega de las personas extraditadas, lo que influyó en la decisión de la jueza Tórtora de no permitir el pago de los costos del traslado en un vuelo comercial, a pesar de la voluntad expresada por la defensa y la aceptación de la Fiscalía.
Juez Raúl Florentín
La causa, en Paraguay, llevó el juez penal de garantías de 4º turno, Raúl Florentín, el mismo que trató el proceso contra su hermano, José Peirano, por los mismos hechos, y que logró un acuerdo abreviado que le permitió regresar a Uruguay.
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El delito de conducta indebida está previsto en el artículo 175 del Código Penal paraguayo y prevé penas de hasta 5 años de penitenciaría para quien “elaborara o modificara balances de tal manera que esto dificulte conocer su estado patrimonial real, omitiera elaborar el balance de su patrimonio o el inventario en el plazo establecido, o en el tráfico mercantil utilizara resúmenes falsos o distorsionados del estado real de sus negocios o patrimonio”, entre otras conductas tipificadas.
El delito de lesión de confianza, como se define en el artículo 192, puede llevar a una pena máxima de 5 años, que se puede ampliar a 10 en casos graves. Esta figura penal se aplica a aquellos que, en virtud de una ley, una resolución administrativa o un contrato, asumen la responsabilidad de salvaguardar un interés patrimonial relevante para un tercero y, dentro del ámbito de protección que se les ha encomendado, causan o no previenen un daño patrimonial.
