La creciente influencia de grupos narcotraficantes en el departamento de Canindeyú constituye una amenaza palpable que no puede ser pasada por alto ni subestimada por las autoridades. Es un problema que ha ido en aumento, convirtiendo a esta región en un campo de batalla donde bandas criminales se disputan el control del territorio a través de la violencia desmedida.
Es alarmante ver cómo individuos con frondosos historiales delictivos han logrado consolidar su poder en la zona, desafiando abiertamente a las fuerzas de seguridad y sometiendo a la población a un clima de terror. Semejante nivel de poderío no se pudo construir sin la complicidad de los jefes policiales. La falta de acción contundente por parte de las autoridades nacionales para neutralizar a estos criminales solo ha exacerbado la problemática. La impunidad con la que operan estas bandas no solo socava la seguridad de Canindeyú, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de protegerlos.
Es evidente que el narcotráfico ha encontrado en Canindeyú un terreno fértil para expandirse, gracias a la complicidad y la corrupción que permea los organismos de seguridad.
La escalada de violencia, evidenciada por los enfrentamientos armados y los ataques entre diferentes facciones criminales, es un claro indicador de que la situación está llegando a un punto crítico. La población civil se ve atrapada en medio de este conflicto, sufriendo las consecuencias de una guerra que no es la suya.
Hace falta una decidida acción para frenar este flagelo. Esto implica reforzar la dotación policial en la zona y de ser necesario apelar también al uso de las fuerzas militares, ya que se trata de una cuestión de soberanía. Estamos perdiendo territorio, que están siendo manejados por mafiosos criminales, que se pegan el lujo de someter y humillar a agentes policiales y que circulan tranquilamente por la zona con un ejército de sicarios, para amedrentar a la población.
Es necesario desarticular las estructuras financieras y logísticas de estas organizaciones criminales, así como también cortar sus vínculos con sectores corruptos del Estado, que evidentemente existen.
La experiencia de otros países de la región, como México, Colombia y Ecuador, debería servir como una advertencia clara de los peligros de permitir que el narcotráfico se arraigue en una región. Nuestro país aún tiene la oportunidad de evitar caer en esa misma espiral de violencia y descontrol, pero el tiempo para actuar es ahora.
La sociedad paraguaya no puede permitirse seguir siendo rehén de carteles criminales que imponen su ley a punta de balas y violencia. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y proteja a sus ciudadanos, garantizando que Canindeyú y toda la región fronteriza sean lugares seguros y pacíficos donde todos puedan vivir con dignidad y tranquilidad.
