Prohibir la criptominería en el Paraguay haría perder alrededor de 200 millones de dólares a la economía en anualmente, sostiene un experto en monedas digitales, si es que se aprueba el proyecto de ley presentando recientemente en el Congreso.
La minería de BTC proporcionó una «contribución positiva a la balanza comercial de Paraguay», y prohibir la criptominería podría afectar la economía, argumenta Jaran Mellerud.
El proyecto de ley presentado por varios senadores, el 4 de abril, alegando que las mineras ilegales de criptomonedas están robando energía e interrumpiendo el suministro eléctrico del país.
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Si se aprueba, la prohibición durará 180 días o hasta que se promulguen nuevas leyes y el operador de la red eléctrica nacional pueda garantizar que suministra suficiente energía.
Según el cofundador de Hashlabs Mining y estratega jefe de minería Jaran Mellerud, explicó que la prohibición podría resultar costosa para el país sudamericano.
Contribuye a la balanza comercial
Mercados de este tamaño tampoco son comunes en Paraguay, que cuenta con una población más bien pequeña de 6.8 millones de personas y es el 94º mayor Producto interior Bruto del mundo, con USD 41,700 millones, según Worldometer, citando datos de 2022.
Mellerud argumentó que de prohibir la criptominería restaría una «contribución significativa y positiva a la balanza comercial de Paraguay» hasta este momento.
Las empresas mineras de criptomonedas necesitan registrarse y recibir autorización del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay.
El proyecto de ley puede afectar a uno de los mayores actores de la industria, Marathon Digital Holdings, que comenzó a desplegar 27 megavatios alrededor de la central hidroeléctrica de Itaipú en noviembre pasado.
Itaipú se convirtió en un lugar popular para que se instalen los mineros, ya que abastece todas las necesidades locales de electricidad de Paraguay y deja un gran excedente que se puede aprovechar.
Venta a bajos precios a Brasil
El excedente de electricidad se exporta históricamente a Brasil a precios bajos. Sin embargo, Mellerud señaló que una oleada de mineros de activos digitales se abalanzó sobre dicha electricidad, pagando precios ligeramente más altos en los últimos meses.
Los legisladores sostienen que, sólo desde febrero, se produjeron 50 casos de interrupción del suministro eléctrico relacionados con la explotación ilegal de estas fuentes de electricidad por parte de mineros de criptomonedas.
La Ande estima que cada operación de minería de criptomonedas causó daños y pérdidas de hasta 94,900 dólares y que las pérdidas anuales totales en la zona del Alto Paraná -donde se encuentra la central eléctrica de Itaipú- podrían ascender a unos 60 millones de dólares.
«Las operaciones ilegales pueden perjudicar a la red si consumen demasiada electricidad de las líneas de baja tensión», reconoció Mellerud.
Caso similar en Kazajistán
Una situación similar se produjo en Kazajistán hace unos años, lo que finalmente llevó al gobierno kazajo a tomar medidas enérgicas contra la industria y expulsar del país a los operadores mineros ilegales.
Mellerud dijo que Paraguay y Argentina recibirían una afluencia de mineros de Estados Unidos que busca expandirse o incluso migrar a las naciones ricas en energía debido a los menores costos de electricidad.
La controversia en Paraguay se produce mientras los mineros de criptomonedas se preparan para el próximo halving de bitcoin que se espera que tenga lugar el 20 de abril, que reducirá las recompensas de los mineros de 6.25 bitcoin BTC (USD 434,000) a 3.125 BTC (USD 217,000).
