Joaquin Morínigo, experto en criptominería, criticó el proyecto de ley que un grupo de senadores presentó al Congreso y dijo que hay intención de perjudicar a las empresas legalmente habilitadas. Mario Varela, Blanca Ovelar, Gustavo Leite, Colym Soroka, Éver Villalba, entre otros, son algunos de los firmantes del proyecto.
El proyecto de ley prohíbe temporalmente la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en el territorio paraguayo. «Básicamente lo que busca es prohibir la minería, de Bitcoin, o sea, todos los mineros que están en forma legal, que pagaron su garantía a la ANDE, que pagan millones de dólares al mes en luz, van a tener contrato suspendido», denunció Morínigo.
«Quieren prohibir de forma temporal por 180 días, que se emita nuevos contratos para mineros legales; la conservación, el almacenamiento y la comercialización de activos virtuales, es decir, criptomonedas. Es decir, todos los que tenemos criptomonedas y vivimos en Paraguay vamos a estar «presos» básicamente y no podemos vender ni comprar criptos», indicó.
«Me parece una medida que solo gobiernos autoritarios como China y Corea del norte ponen en marcha. Esto yo creo que es consecuencia de que Felix Sosa, presidente de la ANDE, usa como chivo expiatorio a la criptominería», afirmó.
«Uno de los argumentos de este proyecto de ley es, como hay muchas criptominerías ilegales, prohibir a todos que minen. O sea, quieren prohibir a los legales, pero los ilegales continuarán y van a seguir funcionando, porque los ilegales operan en conjunto con la ANDE y con el sindicato», dijo Morinigo, entrevistado por Radio Chaco Boreal.
Morínigo explicó que «el 3 de setiembre de 2021, la Seprelad emitió una reglamentación para los proveedores de servicios de criptomonedas que convierte en sujetos obligados a los mineros. Es decir, los mineros que están en forma legal registrados en Seprelad. O sea, no operan al margen de la ley como dice este proyecto que quiere prohibir la comercialización de criptomonedas y sobre todo prohibir la mineria», manifestó.
Morínigo dijo que «el problema acá tiene nombre y apellido, es Félix Sosa, el presidente de la ANDE, que de alguna manera está fallando en la lucha contra la corrupción dentro de su propia institución. Tenemos denuncias en Alto Paraná de que funcionarios de la ANDE cobran 3.000 dólares por mega watt para hacer la vista gorda. Si un ilegal tenia 3 mega watt, comía 9 mil dólares en coima por hacer la vista gorda», denunció.
Según estimaciones de la ANDE, el perjuicio que causan las criptominerías clandestinas, solamente en Alto Paraná, es de USD 60 millones al año. Sin embargo, la ANDE también había informado que las criptominerías legales producirán USD 100 millones de beneficios este año, detallando que existen 52 contratos activos que demandan 270 MW de potencia.
