La situación en Venezuela alcanza niveles alarmantes de represión y arbitrariedad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es momento de que la comunidad internacional tome una postura firme y condene de manera rotunda esta dictadura que cada día se muestra más envalentonada, con medidas destinadas a anular a la oposición y reprimir a una ciudadanía que clama por cambios y por el restablecimiento de la democracia.
En los últimos años, Venezuela ha sido víctima del populismo y la decadencia, sumiendo a su pueblo en la miseria y la desesperación. La gestión autoritaria de Maduro ha llevado al país a una crisis sin precedentes, obligando a miles de venezolanos a migrar en busca de mejores condiciones de vida en cualquier rincón del mundo, incluyendo Paraguay, donde hemos recibido a muchos de ellos y se insertaron productivamente en nuestra sociedad.
La convocatoria a unas elecciones presidenciales para el 28 de julio, coincidiendo con el nacimiento de Hugo Chávez, es una maniobra desesperada por parte del régimen para tratar de mantenerse en el poder a pesar del rechazo popular. Esta fecha, impuesta de manera arbitraria, apenas deja margen para que la principal líder opositora, María Corina Machado, pueda participar, ya que continúa siendo ilegalmente inhabilitada por la dictadura.
La represión contra la oposición se intensifica día a día. La detención de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, el pasado mes de febrero, es un ejemplo de la brutalidad con la que actúa el régimen contra quienes se atreven a levantar la voz en contra de la tiranía.
El nuevo operativo policial llevado a cabo ayer por el chavismo para descabezar el partido político y el comando electoral de María Corina Machado es una clara muestra de la escalada de persecución política que se está viviendo en el país. Detenciones arbitrarias, órdenes de búsqueda y captura, todo con el objetivo de amedrentar a quienes representan una verdadera opción democrática para Venezuela.
La amenaza contra María Corina y sus colaboradores va más allá de la intimidación, es un intento descarado de eliminar cualquier posibilidad de competencia en las próximas elecciones presidenciales. La lista de dirigentes perseguidos por el régimen es larga y muestra la magnitud de la represión que se vive en el país.
Es hora de que la sociedad internacional reaccione con contundencia ante esta situación. No podemos permitir que la dictadura en Venezuela continúe sometiendo a su pueblo y pisoteando la democracia. Condenar rotundamente al régimen es un deber moral que no se puede eludir. Es momento de exigir una transición democrática y de apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la libertad y la justicia.
La comunidad internacional debe actuar de manera coordinada y firme, haciendo uso de todas las herramientas diplomáticas y políticas disponibles para presionar al régimen de Maduro y poner fin a su reinado de terror. Mantenerse en silencio ante este régimen criminal, es olvidar a los millones de venezolanos que quieren romper las cadenas de la dictadura.
