Tras la imputación formal de Mario Abdo y cercanos colaboradores de su gobierno por parte de la fiscalía, se abre una nueva etapa en la vida política del país. La admisión de la imputación por parte del Juzgado de Garantías N° 3 de la Capital marca el inicio de la etapa preliminar, la cual será develadora y crucial para determinar las responsabilidades en que hayan podido incurrir los imputados.
La imputación de Abdo y los demás denunciados viene precedida de una serie de investigaciones sobre presuntas irregularidades en el manejo de información secreta y extralimitación de las instituciones al manipular tal información. Ahora, la cuestión pasa al ámbito del Poder Judicial, el cual deberá velar por el cumplimiento estricto del proceso.
El proceso genera un profundo impacto en la opinión pública y en el panorama político nacional. Y aunque aún hay mucha tela por cortar, ya se han vislumbrado tajantes posiciones, principalmente por parte del sector opositor y el grupo de medios de comunicaciones con clara línea opositora.
Ante esta inusitada reacción, cabe preguntarnos ¿Por qué la oposición y medios de prensa tomarían partido y asumirían una férrea defensa del ex presidente? Lastimosamente, ensayar una respuesta a este cuestionamiento resultaría en no más que especulaciones, por ahora. Sin embargo, la respuesta sabrá abrirse paso y exponerse en su debido momento como ocurre casi siempre.
Justamente en este punto debemos hacer especial ahínco, ya que una vez más fuerzas políticas pretenderán imponer su postura por sobre los criterios jurídicos, propios y exclusivos del Poder Judicial. Todos debemos velar por que las instituciones judiciales actúen con independencia y rigor, garantizando el debido proceso y la aplicación imparcial de la ley, y aplicándola sin miramientos más allá de las pruebas aportadas al proceso.
El Fiscal General, con mucho tino ha resuelto reconformar el equipo que seguirá la causa en esta etapa, luego de la filtración de supuestas conversaciones que involucrarían a los anteriores agentes fiscales con el representante del denunciante. Si bien los mensajes no son más que supuestos, la resolución asumida descomprime la presión sobre el Ministerio Público y al mismo tiempo brinda garantías de que la fiscalía mantendrá la objetividad.
Este nuevo capítulo en la historia política del país pone a prueba la solidez de las instituciones democráticas y la capacidad del sistema judicial para actuar en defensa del Estado de Derecho. El acta de imputación relata hechos que de confirmarse en juicio, serían constitutivos de delitos gravísimos, pues nos encontraríamos ante nada menos que la utilización de instituciones públicas en perjuicio de un grupo político.
La utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno, orientados a producir elementos de pruebas para procesar a ciudadanos es sin duda una forma de terrorismo de estado. Por esto es fundamental que se investigue a fondo la causa y que esta investigación goce de absoluta independencia de los grupos de poder que desde el inicio procuran interferir.
En términos futbolísticos, podemos decir que la pelota se encuentra en cancha del Poder Judicial, por esto es fundamental que se garantice la plena independencia de los magistrados que intervendrán en la causa; será una difícil prueba para la Corte Suprema de Justicia.
