La Corte Suprema de Justicia se encontrará nuevamente en el centro de la atención pública, enfrentando un desafío crucial para su independencia y credibilidad. La ex senadora Kattya González ha presentado una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de dejar sin efecto su pérdida de investidura, la cual fue resuelta por el Senado el pasado 14 de febrero. La accionante argumenta que el proceso al cual fue sometida viola sus garantías constitucionales, poniendo en tela de juicio la legalidad de este. Las resultas del juicio será sin duda un termómetro para medir la autonomía y la capacidad política de la Corte Suprema.
La acción planteada por la ex senadora se trata de un recurso legal más, al cual recurren miles de ciudadanos cotidianamente. Sin embargo, este juicio en particular reúne muchos condimentos. Desde el punto de vista jurídico habrá que analizar si corresponde a la Corte rever un proceso exclusivo y privativo de otro poder, el legislativo. La Corte deberá analizar minuciosamente si corresponde admitir la acción para posteriormente analizar el fondo de la cuestión, o si en su defecto, corresponde declarar el rechazo in limine.
Desde el punto de vista político, se develará la “muñeca política” de los miembros de la Corte. Si bien los ministros deben permanecer ajenos a cualquier tipo de actividad política, esto muchas veces no es totalmente practicable ya que finalmente son fuerzas políticas las que los han designado.
En cuanto a la cuestión mediática, se levantará mucho polvo en torno al caso. Ya estamos acostumbrados a que sectores de la prensa tiren para uno y otro lado según la agenda que pretendan instalar. Del mismo modo, la polarización social llevará a crear dos bloques claramente definidos que también buscarán que la resolución se adecue a su percepción.
Será imposible que ambas partes queden satisfechas; existirá un sector “victorioso” y otro “derrotado”. Los triunfadores defenderán a capa y espada la resolución judicial y a sus suscriptores. Los perdidosos atacarán de manera inmisericorde a los ministros que hayan resuelto aquello que no les agrada. Esperemos que, sea cual sea la resolución final, el sector derrotado asuma la resolución de manera madura y hagan honor al irrestricto respeto a la Constitución y la ley que profesan.
Este juicio será sin duda un desafío para el sistema judicial y determinará su capacidad para garantizar la imparcialidad y el respeto a la Constitución. El desenlace de este caso será determinante no solo para Kattya González, sino también para la integridad del sistema judicial paraguayo. Además, sentará una jurisprudencia de suma importancia, ya que podemos estar seguros de que, dadas las condiciones políticas en que nos encontramos, otros procesos de pérdida de investidura son inminentes.
La Corte Suprema enfrentará así una prueba crucial, la cual medirá su independencia y capacidad para actuar como un poder autónomo frente a las presiones políticas y sociales. La tarea parece compleja si se observa el panorama completo y las múltiples aristas que hacen al caso. Sin embargo, es ahí donde radica la verdadera habilidad y función de un juez: actuar con imparcialidad y basándose únicamente en los principios legales y constitucionales, valorando únicamente los hechos probados en juicio, manteniéndose ajeno a cuestiones extra expediente.
En un momento en que la confianza en las instituciones está en entredicho, la Corte Suprema tiene la gran responsabilidad de dirimir un conflicto con gran carga política. La resolución traerá consecuencias palpables en todos los sectores. Solo nos queda esperar que la resolución sea dictada basada en el derecho y no como consecuencia de presiones políticas, mediáticas ni sociales.
