La decisión de la Municipalidad de Asunción de suspender el contrato con el consorcio Parxin significó un respiro de alivio en la ciudadanía, que ha cuestionado desde un inicio la implementación del sistema de estacionamiento tarifado. Sin embargo, esta resolución plantea nuevas interrogantes y pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar problemas fundamentales en el ámbito de la movilidad y el transporte urbano.
La suspensión del contrato con Parxin libera a los ciudadanos de un proyecto mal ejecutado, pero deja tres cuestiones pendientes en el aire. En primer lugar, el caos total en el sistema de estacionamiento en la ciudad, donde impera la ley de la selva, exige una atención inmediata. Las calles mal pintadas y una aplicación deficiente evidencian la falta de inversión, planificación y control, que afecta a toda la ciudad, dificulta la circulación y golpea la actividad comercial. Miles de compradores deciden no ingresar a Asunción, por la dificultad que significa encontrar dónde estacional el vehículo.
La ciudad necesita un sistema de estacionamiento eficiente que no solo beneficie a las arcas de la empresa adjudicataria, sino que también mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Es imperativo corregir el desorden y la falta de infraestructura para estacionamiento, garantizando que la implementación de cualquier sistema futuro se realice de manera planificada y con la participación de la ciudadanía.
La segunda cuestión pendiente es la mejora del sistema de transporte urbano, que ha sido una de las principales quejas de la ciudadanía. La falta de un sistema nacional de transporte público eficiente ha contribuido al desmedido aumento del parque automotor, generando congestiones diarias y problemas en las horas pico. Las autoridades deben abordar esta problemática con urgencia, planificando un sistema de transporte público que brinde cobertura en áreas actualmente desatendidas y ofrezca alternativas de movilidad, como trenes, buses rápidos y bicisendas.
La tercera cuestión pendiente se refiere al problema de los cuidacoches, una práctica ilegal que constituye un problema social y fortalece una organización cuasi delictiva de extorsión a los conductores. La suspensión del contrato con Parxin deja a aproximadamente 100 personas desempleadas, y es necesario abordar este aspecto desde una perspectiva social y laboral.
La suspensión del contrato con Parxin deja claro que se debe gobernar con datos y planificación. La improvisación y la falta de conocimiento sobre el complejo problema de la movilidad urbana han llevado a decisiones apresuradas y mal ejecutadas. La ciudadanía espera que las autoridades no solo resuelvan los problemas inmediatos, sino que también planifiquen y ejecuten soluciones a largo plazo que mejoren la calidad de vida en la ciudad.
