“Todo intento de golpe o violencia será respondido por la movilización popular general, advirtió el presidente de Colombia Gustavo Petro.
Todo comenzó con un extenso mensaje del presidente en sus redes sociales, advirtiendo sobre una “ruptura institucional” y sobre una toma de la Fiscalía General de la Nación por parte de “mafias”. “Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la Fiscalía, que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”, dijo en su comunicado.
Las marchas para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que eligiera una nueva fiscal general terminaron en que manifestantes sitiaron las instalaciones de las altas cortes, impidiendo la salida de los magistrados. Incluso, algunos hablan de “secuestro colectivo” contra los funcionarios.
Al mediodía, tan pronto se conoció que en las votaciones de la Corte no hubo humo blanco porque a ninguna de las candidatas le alcanzaron los votos para ser elegida fiscal general, un grupo de manifestantes bloqueó los accesos y salidas del edificio que concentra y representa el poder Judicial de Colombia. La turba pretendía arrinconar y obligar a la Corte a elegir fiscal a las malas.
La grave situación obligó a que los pocos policías que estaban en el Palacio de Justicia instalarán una cerca para rodear toda la edificación con el fin de evitar un ingreso por la fuerza por parte de algunos manifestantes que portaban banderas del M-19 y del Partido Comunista. Uno de los momentos más angustiantes de la manifestación se vivió cuando un grupo de 20 personas intentó entrar por la fuerza al parqueadero ubicado sobre la carrera 8, atacando verbal y físicamente a las policías que estaban protegiendo la vida e integridad de todos aquellos que estaban dentro de la edificación.
El presidente, en su cuenta de X, defendió en todo momento a los manifestantes y aseguró que la movilización no fue ordenada por él. “La movilización de hoy no es cierto que sea ordenada por mí, ni que vaya en presión contra la Corte, a la que di todo mi respaldo y garantía”, dijo Petro. Sin embargo, sus indicaciones a los sindicatos y su respaldo a quienes marcharon para forzar una decisión de la Corte Suprema de Justicia desmienten al mandatario.
“Los golpes se responden desde las instituciones democráticas desde la ley y la justicia, y desde las calles, con alegría y paz, pero con contundencia, tal como lo hicimos con el siniestro procurador Ordóñez y la Bogotá Humana”, dijo pidiendo transmitir el mensaje por todas las redes, emisoras y medios populares.
Cúpula militar
El mandatario se reunió en la noche del jueves con la cúpula militar, en la Casa de Nariño, en medio de un consejo de seguridad que ordenó realizar tras las manifestaciones que se desarrollaron ese día con el apoyo de la Casa de Nariño y que terminaron con plantones ante la Corte Suprema de Justicia para presionar a su sala plena para que elija fiscal general.
Petro, quien promovió las marchas y vienen diciendo que son necesarias para defender su Gobierno, dijo que el propósito de las movilizaciones no es atacar a la Corte Suprema, pero sí ratificó su postura de que, según él, la Fiscalía del saliente Francisco Barbosa está ejecutando una persecución sobre su administración.
La tensión y crisis que se generó el jueves en inmediaciones del Palacio causó un rechazo generalizado en la opinión pública. El Partido Conservador indicó: «El bloqueo por parte de manifestantes de las puertas del Palacio de Justicia es inaceptable», aseguró la colectividad. En su publicación agregó: «La separación de poderes y el respeto a la majestad de la justicia es un principio democrático». Además manifestó que no se puede confundir el derecho a la protesta «con las vías de hecho y actos violentos como impedir la salida de los Magistrados de las Cortes y funcionarios del Palacio».
Antecedentes de la disputa
Los hechos que desataron toda la tormenta política se dieron en el mes de enero del 2024. En primer lugar el día 24 de ese mes la Procuraduría anunció la suspensión por tres años del canciller Álvaro Leyva.
El ministerio público alegó irregularidades del funcionario en el caso de la licitación para la impresión de pasaportes, la cual declaró desierta porque solo había un oferente, en este caso repitente en el proceso.
Muchos sectores, hablaron de severidad en la sanción y agilidad en el proceso, ya que los hechos habrían ocurrido en el mes de octubre. En este sentido, algunos analistas recuerdan que la Procuraduría no tomó ninguna determinación en casos como el de Centros Poblados donde existió detrimento patrimonial en un contrato por 70.000 millones de pesos, que tenía que ser firmado y supervisados por la exministra de las TICs, Karen Abudinem.
Sin embargo, la Procuraduría nunca sancionó a la exministra del gobierno de Iván Duque y lo hizo solo con exfuncionarios de tercer nivel, que en su momento trabajaban en dicho ministerio.
Lo mismo ocurre en el caso de la Fiscalía, donde se allanó las instalaciones de Fecode, con el fin de rastrear una donación del sindicatos de maestros, la cual presuntamente habría llegado a la campaña electoral del hoy presidente. Fecode no negó la donación y el partido Colombia Humana indicó que esa donación llegó al partido y no a la campaña. Esto mismo ya había ocurrido en las campañas presidenciales de Iván Duque y Juan Manuel Santos, donde el CNE y la Fiscalía archivaron los procesos.
