La descentralización ha sido uno de los logros más importantes de la Constitución de 1992 y de la era democrática. Hay que reconocer, que en estos 32 años, los gobiernos locales han asumido roles de gestión y resolución de problemas, demostrando ingenio y creatividad para destacar a sus comunidades. Sin embargo, este proceso también ha revelado algunas debilidades inherentes a nuestra cultura, donde las comunidades del interior a menudo operan como mundos aparte, que carecen de un contralor ciudadano efectivo y una opinión pública crítica, para ejercer mecanismos de control para el ejercicio eficiente de la administración pública.
Se sabe por experiencia que algunos caudillos locales han manejado distritos enteros como haciendas privadas, aprovechándose de la falta de contrapeso ciudadano. La corrupción ha florecido en numerosos municipios, exacerbada por la imprudente creación de nuevos distritos y municipalidades con el único propósito de distribuir los recursos obtenidos a través de Itaipú.
La corrupción y el grosero despilfarro de los recursos destinados para la alimentación escolar, demostrados mediante informes de la Contraloría General de la República, llevó ahora al gobierno a promover la creación del Fondo Nacional para la Alimentación Escolar (FONAE). Este paso del Gobierno ha generado reacciones variadas, especialmente entre los intendentes, quienes ahora temen perder el acceso a los fondos de FONACIDE.
La resistencia de los intendentes a la creación del FONAE, expresada a través de diversas organizaciones municipales pone de manifiesto la importancia del manejo de estos recursos para las autoridades locales. Si bien es comprensible que reclamen fondos para sus comunidades, la experiencia demuestra que, en asuntos cruciales como la alimentación escolar, muchos intendentes y gobernadores quedaron aplazados.
El proyecto de ley «Hambre Cero en las Escuelas» ha provocado la preocupación de los intendentes, quienes temen la incertidumbre financiera al depender del presupuesto general del Estado en lugar de los fondos directos de FONACIDE y royalties. Aunque el Gobierno asegura que la financiación está garantizada, los líderes municipales expresan sus dudas, argumentando que el sistema actual les proporciona recursos más seguros.
Es esencial reconocer que la educación y la alimentación de nuestros niños son asuntos extremadamente delicados. Hay que admitir que no se pueden poner estos asuntos en manos de autoridades que, en algunos casos, no han demostrado ser administradores eficaces ni mucho menos pudieron resolver cuestiones tan básicas para cualquier municipio, como la recolección de desperdicios y el mantenimiento de sus calles.
La reunión de intendentes afiliados a la OPACI con el presidente Santiago Peña refleja la tensión entre la necesidad de cambio y la resistencia al mismo. La administración de la merienda escolar requiere transparencia, eficiencia y, sobre todo, un compromiso inquebrantable con el bienestar de los niños.
Si bien es legítimo abogar por los recursos necesarios, es imperativo que los intendentes y gobernadores demuestren un celo adecuado en la gestión de los fondos asignados. La democracia no solo exige descentralización, sino también responsabilidad, patriotismo, honestidad y rendición de cuentas.
