La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), en relación al enfrentamiento que dejó como saldo tres abatidos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), el asesinato de dos indígenas por parte de los abatidos y un indigena herido, emitió un comunicado lamentando la pérdida de vidas y continuó llamando a la FTC – Codi como un órgano anticonstitucional. El comunicado dice lo siguiente:
Advertimos en este contexto la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas, en particular en los departamentos de Concepción y Amambay.
Lamentamos la pérdida de vidas que debieron ser resguardadas ante un escenario de conflicto que los coloca en una encrucijada y, en esa línea expresamos nuestra condolencia y solidaridad al pueblo Pai. Exigimos por ende protección especial para todas y cada una de las personas que habitan esos departamentos.
Nos reafirmamos en que la crisis de seguridad que se vive en esa zona del país es responsabilidad del Estado, cuya estrategia para enfrentar a grupos armados y grupos del crimen organizado ha sido ineficaz, costosa, dañina para muchas familias de la zona y, sobre todo, no ha arrojado los resultados esperados, como lo vienen denunciando familiares de víctimas de secuestro.
Desde la Codehupy, así como otras organizaciones de la sociedad civil, hemos venido señalando que la Fuerza de Tarea Conjunta como herramienta para combatir a grupos criminales no es la vía adecuada, pero principalmente sostenemos que se trata de un órgano inconstitucional.
Esta fuerza operativa ha implicado el uso de decenas de millones de dólares y más de una década de operaciones cuestionadas, y, sin embargo, no ha resuelto la crisis de seguridad.
Exigimos una investigación exhaustiva e imparcial, que determine las circunstancias de estas muertes y de todas las demás muertes que han quedado sin respuestas claras, pues las familias de cada una de las personas fallecidas deberían poder acceder a la verdad, la justicia y reparación en los casos que corresponda.
Exigimos además que el Estado paraguayo a través de los organismos y estamentos correspondientes, atienda los problemas sociales que son el telón de fondo del cual se aprovechan grupos criminales, finaliza el comunicado.
Codehupy de esta forma, exige la protección especial para quienes viven en estos departamentos pero rechaza una vez más, al órgano creado por el Estado para tal efecto tratándolo de inconstitucional.
