Las dudosas actuaciones del subcontralor Augusto Paiva en el caso del ex presidente interino del Partido Encuentro Nacional (PEN), José Luis Torales, comprometieron la credibilidad de la Contraloría General de la República. Este escándalo dejó al descubierto irregularidades que comprometen la integridad de la institución encargada de velar por la transparencia y legalidad en el uso de los recursos del Estado paraguayo. Paiva en su calidad de subcontralor había autorizado el traslado definitivo de Torales a la planilla de la Cámara de Senadores, estando en conocimiento de que el funcionario, habría violado el reglamento interno de la institución y normas legales.
El escándalo tiene su antecedente en la serie de denuncias que se venía realizando sobre el funcionario Torales, comisionado a la Cámara de Senadores, quien estuvo percibiendo doble salario y otros beneficios, como funcionario de la Contraloría y de la planilla del Congreso. Pero subió de tono el pasado 17 de enero, cuando salió a la luz un documento firmado por Paiva que autorizaba el traslado definitivo a la planilla de la Cámara de Senadores de Torales, hasta ese momento presidente interino del PEN y que cumplía funciones en las oficinas de la senadora Kattya González. Este movimiento levantó las alarmas, ya que el traslado fue tomado como una jugada para blanquear a Torales, objeto de críticas en ese momento por los supuestos cobros irregulares.
El contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, actuó de inmediato ante esta situación, cancelando el traslado definitivo, suspendiendo el comisionamiento y ordenando la apertura de un sumario administrativo contra Torales. Este último, en un intento de calmar las aguas, renunció a la presidencia interina del PEN, pero la atención se centró en la figura de Augusto Paiva, quien, como subcontralor, habría avalado estos actos irregulares.
En una entrevista, Paiva admitió la existencia de la doble remuneración de Torales y justificó su legalidad, argumentando que el funcionario estaba comisionado y, por lo tanto, tenía derecho a percibir ambos salarios. Sin embargo, la Contraloría decidió poner fin al comisionamiento y abrir un sumario administrativo, dejando en evidencia la tensión interna en la institución.
El contralor general, Benítez, expresó su preocupación por la contaminación política en la Contraloría, enfatizando la importancia de preservar la independencia y la imparcialidad del organismo. «No podemos ser cómplices de las conductas», declaró Benítez, destacando la gravedad de permitir que la Contraloría financiara la actividad política de un funcionario. Esto porque Torales siendo presidente de un partido político seguía siendo funcionario de la Contraloría, a pesar de que el reglamento interno de la institución prohíbe tales actividades. Además, desarrollaba una activa vida política, postulándose a cargos electivos, como la concejalía primero y después la diputación.
El senador liberal, Dionisio Amarilla fue el primero en señalar que Paiva puede ser objeto de un juicio político, argumentando que su actuación buscó encubrir las acciones irregulares de Torales.
Por otro lado, el pasado lunes, la fiscal adjunta Anticorrupción, Soledad Machuca, dispuso la apertura de una investigación penal, al ahora expresidente interino del Partido Encuentro Nacional, José Luis Torales, por cobro indebido de honorarios. Pidió al Fiscal General, Emiliano R. Fernández, la aprobación de esta iniciativa y la integración de un equipo de investigación.
Las acusaciones contra Torales incluyen un supuesto doble cobro de salario, tanto en la Contraloría como en la Cámara de Senadores. Torales afronta también un sumario administrativo dentro de la Contraloría. Todos estos hechos irregulares, dejan al menos en duda las actuaciones del subcontralor Augusto Paiva, quien teniendo a la vista todos los antecedentes había dispuesto el traslado definitivo de Torales.
