El Juez Gustavo Amarilla negó la prisión domiciliaria solicitada por Cinthia María Turro Braga, militar requerida por la justicia de Brasil. La misma se encuentra con prisión preventiva. No puede salir de la prisión mientras no se defina el pedido de extradición, según el magistrado.
Por ahora, el proceso de extradición se está analizando y todavía no hay decisión sobre la procedencia o no del pedido de Brasil. Por eso, es necesario que la procesada siga en prisión preventiva. Además, la justicia de Brasil le tienen procesada penalmente a Cinthia María Turro Braga por delitos de alta expectativa de pena, dentro del marco de la asociación criminal por un supuesto tráfico internacional de armas.
Según la Fiscalía, Cinthia María Turro Braga, cumplía una función dentro del esquema de tráfico de armas, pasando información directamente al prófugo Dirizio , buscado por armatráfico. La gráfica muestra cuando las autoridades observaban las armas incautadas en el Operativo Dakovo.
La defensa indicó que la procesada tiene arraigo porque es funcionaria del Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya, donde se desempeña como jefa de la División Coordinación y Planificación del Dpto. de Contrataciones Públicas (UOC) y posee una antigüedad de 9 años.
Sin embargo, el juez dijo que primero se estudiará el pedido de extradición de Brasil y luego se decidirá su caso.
Dirisio y su esposa ya están procesados en Brasil. El Tribunal Federal Regional de Bahía, Brasil, abrió un proceso penal contra el empresario, Diego Dirisio y su esposa, Julieta Nardi, ambos son dueños de Internacional Auto Supply, con sede central en Asunción.
El citado tribunal admitió la denuncia de la Fiscalía contra ambos por sospechas de que importaban armas y luego revendían para el crimen organizado de Brasil. De hecho, la pareja está en la lista roja de la Interpol, con orden de búsqueda internacional.
El inicio del proceso en Brasil se agrega a la investigación que la Fiscalía paraguaya lleva adelante contra la pareja no sólo por armatráfico sino por la sospecha de que la misma formaría parte de una «red criminal» que incluye no solamente a su empresa sino también a altos funcionarios de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) de Paraguay, a algunos militares e incluso a políticos, cuyo nombre aún se reveló.
El Tribunal Federal Regional de Bahía registró a la pareja como «prófugos de la justicia», luego de admitir la denuncia de la Fiscalía de este país, mientras que en Paraguay, la justicia también lo investiga en el marco del Operativo Dakovo.
