La cancelación del traslado, suspensión del comisionamiento, inicio de un sumario en la Contraloría y la posterior renuncia del ahora expresidente interino del Partido Encuentro Nacional (PEN), José Luis Torales, complican la situación del subcontralor Augusto Paiva, quien habría avalado todos los hechos irregulares, señalados al citado funcionario.
El pasado 17 de enero se hizo público un documento con la firma de Paiva que disponía el traslado definitivo a la planilla de la Cámara de Senadores del funcionario de la Contraloría, comisionado a esa dependencia, José Luis Torales. Por entonces, este también fungía como presidente interino del PEN y desarrollaba su comisionamiento en las oficinas de la senadora Kattya González.
Previo a este escándalo, también se había revelado que Torales percibía doble remuneración como funcionario de la Contraloría y también de la Cámara de Senadores. Además, se le cuestionaba que, siendo presidente de un partido político, estuviera en la planilla del Estado, lo cual también contravenía el reglamento interno de la Contraloría que prohíbe actividades políticas a sus funcionarios.
Torales no solo se desempeñaba como presidente interino del PEN, sino que también había desarrollado una activa vida política, postulándose como candidato a concejal y luego a diputado por su partido. Tras el escándalo, el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana, ordenó dejar sin efecto el traslado definitivo de Torales, suspender su comisionamiento (es decir, volver a la Contraloría) y además ordenó iniciar un sumario administrativo al funcionario.
Un día después, Torales renunció a la presidencia interina del PEN y declaró que se sometería al sumario, ya que no había nada irregular en sus actuaciones.
Sin embargo, estos hechos dejaron expuesta la complicidad del subcontralor Augusto Paiva, quien, siendo un funcionario de alto rango, avaló el doble salario de Torales y facilitó su traslado a la planilla de la Cámara de Senadores. En una jugada que fue consideraba como un intento de blanqueo a Torales.
En una entrevista, el subcontralor Paiva admitió la existencia de esta doble remuneración y justificó su legalidad bajo el amparo de la ley de presupuesto. Aunque Paiva argumentó que el funcionario estaba comisionado y, por lo tanto, tenía derecho a percibir ambos salarios, la Contraloría decidió finalizar el comisionamiento y abrir un sumario administrativo.
El contralor General de la República, Camilo Benítez, expresó su preocupación por la contaminación política en la Contraloría, un organismo constitucional cuya misión es el control técnico de la actividad financiera y económica del Estado paraguayo. Benítez anunció la anulación del comisionamiento al Congreso Nacional y la apertura de un sumario administrativo, subrayando la importancia de preservar la independencia y la imparcialidad del organismo.
El senador Dionisio Amarilla insistió en que Paiva debe ser objeto de un juicio político, ya que su actuación buscó encubrir al funcionario Torales, quien claramente violó las normativas internas de la Contraloría y disposiciones legales.
El diputado Rodrigo Gamarra también había anunciado que plantearía un pedido de Juicio Político a Paiva, pero luego se llamó al silencio.
Este escándalo puso en entredicho la integridad y la independencia de la Contraloría, cuya labor debería centrarse exclusivamente en el control técnico, alejado de cualquier actividad política partidaria. La situación del subcontralor Augusto Paiva se torna cada vez más complicada, ya que enfrenta la posibilidad de un juicio político por su aparente complicidad en una situación irregular que ha sacudido las bases de la institución encargada de velar por la transparencia y legalidad en el uso de los recursos del Estado paraguayo.
