La historia de la extorsión a un conductor de Bolt en el barrio Sajonia no sólo tiene como protagonistas a tres policías que pidieron dinero al trabajador sino también a dos fiscales, quienes, a su vez, pidieron dinero a los policías y, por un monto mucho mayor. Por si fuera poco, también estarían involucrados algunos abogados.
El fiscal general del Estado, Emiliano R. Fernández, designó a la agente de la Unidad Antisecuestro, María Irene Alvarez y al fiscal de la Unidad del Crimen Organizado, Carlos Alejandro Cardozo, para investigar a uno o más funcionarios de la misma Unidad que estarían involucrados en el esquema de la extorsión.
Tres policías, que ya están detenidos y procesados, pidieron 30 millones de guaraníes al conductor de Bolt y, luego, un funcionario de la Fiscalía con un grupo de abogados supuestamente pidieron 150 millones de guaraníes a los agentes policiales. Los tres son: el suboficial ayudante Alejandro Carlos Eduardo Rocca Osorio, el suboficial 1° Marcelo Barrios y el oficial inspector Cristhian Fabián Rodríguez. Los agentes prestan servicios en la Comisaría 2da. del barrio Sajonia de Asunción.
La denuncia en el Ministerio Público lo hizo el fiscal, Federico Delfino a la fiscal adjunta, Matilde Moreno de la Unidad Antisecuestro. Luego, esta denuncia también pasó a manos del Fiscal General del Estado que ya ordenó la investigación a los funcionarios de la Fiscalía.
La historia del chofer de Bolt, Juan Guillermo Aranda, es que el 31 de diciembre fue contratado por Víctor Manuel Dávalos, que resultó ser un microtraficante, para que le lleve de Fernando de la Mora a Sajonia. Según la denuncia, tenía preparado una trampa. Llegando a este barrio de Asunción fue interceptado por una patrulla de la Comisaría 2da.
Allí los tres policías supuestamente dijeron al conductor que llevaba droga en el vehículo, pero había sido que le fue plantado supuestamente por el propio pasajero que actuó como cómplice. Ahora Dávalos está prófugo. Le extorsionaron al conductor diciendo que si no da 30 millones de guaraníes se pasará la información a la Fiscalía.
La Fiscalía cuenta con información de que los tres policías que fueron detenidos tienen antecedentes por extorsión, entre otros; pero ellos seguían como policías.
EXTORSIÓN A EXTORSIONADORES
La segunda parte de la historia es de un funcionario de la Fiscalía y de un grupo de abogado, quienes supuestamente extorsionaron a los policías extorsionadores. Inicialmente, ellos pidieron, según la denuncia, 10.000 dólares, pero luego subió a 150 millones de guaraníes para que la denuncia contra los policías no prospere en la Unidad Antisecuestro del Ministerio Público. En ese entonces, los policías todavía no estaban detenidos.
El fiscal, Federico Delfino, también denunció que los policías citaron a un grupo de abogados y a un asistente fiscal. Citaron a un abogado de apellido Insauralde y a un asistente fiscal llamado José, como las personas que les extorsionaban. A partir de ahí, el asistente fiscal de Delfino, José Ramón Cárdenas Martínez, pasó a ser un sospechoso de formar parte del esquema de extorsionadores de policías.
Los abogados serían Omar Arístides Peña Mora, Miguel Arturo Insauralde Rivas. Según la denuncia, el asistente fiscal le habría vendido a estos abogados una copia de la carpeta fiscal y esta carpeta mostraba a los policías para decir que ellos tienen influencia en la citada unidad.
Además, supuestamente hay una grabación que los policías detenidos hicieron donde hablan los abogados pidiendo dinero y el asistente fiscal prometiendo solución.
