La incompatibilidad entre la función pública y la participación política activa es norma ética, pero también ley. Nuestra legislación prohíbe expresamente a ciertos funcionarios públicos la actividad proselitista. La violación de estas disposiciones tanto morales como legales, socava los principios fundamentales de la democracia y mina los cimientos de la República. La dualidad de roles de los funcionarios públicos, al involucrarse directamente en la política, genera conflictos de interés y debilita la imparcialidad necesaria para un ejercicio transparente del poder.
Al respecto se ha pronunciado el propio Contralor General de la República, quien expresamente indicó que los funcionarios de la institución a su cargo solo pueden sufragar o estar afiliados a un partido político, pero no pueden realizar actividades políticas. Todo esto se ha dado en el marco del caso que involucra al presidente interino del Partido Encuentro Nacional, quien por disposición del Sub Contralor habría pretendido ser trasladado de la Contraloría al Senado.
José Luis Torales es funcionario de la Contraloría, y habría desarrollado masiva actividad proselitista. De hecho, fungir como actual presidente del Partido Encuentro Nacional habla a las claras de su posición y el volumen de su actividad política. Esta práctica no solo menoscaba la confianza de la ciudadanía en los políticos, funcionarios e instituciones, sino que también distorsiona el juego democrático al privilegiar a ciertos grupos.
Debemos recordar que la Contraloría es nada menos que la institución auditora por antonomasia. Además, no solo se trata de una violación a un principio ético moral, sino que infringe la normativa de la propia Contraloría.
Este caso se erige como uno de suma gravedad, el cual debería llamar a la indignación colectiva y a la restauración de la situación de manera inmediata, articulando los medios legales necesarios para investigar a los involucrados, incluyendo al propio Sub Contralor, quien autorizó el traslado con un supuesto fin de “blanqueo” de Torales. Es aquí donde surge la hipocresía, la cual se revela en la selectividad de la indignación, ya que la crítica suele estar dirigida exclusivamente a representantes del partido oficial, mientras se pasa por alto cuando ocurre lo mismo en la oposición. Nos preguntamos cuál es la diferencia. Cuál es el motivo por el cual sectores políticos y de la prensa no prestan la debida atención a cuestiones tan serias como esta.
La participación política de funcionarios de instituciones como la Contraloría alimenta la percepción de un sistema desigual y corroído por intereses partidistas, independientemente del partido político al cual pertenezcan. Este fenómeno corroe la integridad del proceso democrático, pues aquellos encargados de salvaguardar el bien común están, en muchos casos, más preocupados por su agenda política personal que por el servicio público.
Para preservar la integridad de la democracia, es imperativo establecer medidas claras que impidan la doble función de funcionarios públicos como actores políticos activos. Además, la sociedad debe ser consciente de la importancia de exigir coherencia a todos los sectores políticos por igual, evitando la indignación selectiva que debilita aún más la confianza en las instituciones democráticas y protege a ciertos sectores políticos, eternizando el ciclo que todos cuestionamos.
