Representantes de la bancada mayoritaria de la Cámara de Diputados han anunciado que propondrán promover juicio político en contra del Subcontralor Augusto Paiva. Respaldan tal pretensión en que habría beneficiado indebidamente a José Luis Torales, presidente interino del Partido Encuentro Nacional.
El proceder del Subcontralor Augusto Paiva ha desatado una oleada de indignación en la sociedad, y no es para menos. Resulta que el beneficiado es presidente interino de un partido político, asesor de una senadora, y al mismo tiempo funcionario de nada menos que la Contraloría General de la República. Al existir notorias incompatibilidades, el Subcontralor pretendió “trasladarlo definitivamente” a la Cámara de Senadores, con lo cual, creyó, quedaría libre de culpa y pena.
Debemos ser serios. Este es un caso muy grave y no puede quedar invisibilizado por el correr de los días. El acto de otorgar favores injustificados a figuras políticas por su mera condición de tal, es un hecho que ofende la moral, pero también las leyes del pueblo paraguayo. Además, haber producido este “favor” al mando de nada menos que la Contraloría General de la República, es a todas luces un agravante lapidario. Los penosos acontecimientos ocurridos en la Contraloría resaltan la urgente necesidad de una rendición de cuentas al pueblo, el cual transparencia en las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la probidad.
Parece necesario marcar una diferencia desde donde nos toca. Lastimosamente se ha vuelto costumbre cuestionar fervientemente a, como mucho, un par de sectores políticos, casi siempre oficialistas o del Partido Colorado; dejando de lado gruesos errores e irregularidades cometidos por los sectores opuestos, la oposición.
En este caso, así como en los demás, todo el peso de la ley debe caer sobre los responsables, independientemente del partido político al que pertenezcan, o de las asociaciones que puedan mantener con sectores empresariales, de medios o de otro tipo. Si pretendemos combatir la corrupción, el nepotismo y otros males que aquejan al Paraguay, debemos ser igual de duros con todos los corruptos, no solo con los que peor nos caen.
Este pedido de juicio político no solo busca sancionar la conducta cuestionable del Subcontralor, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a la corrupción y el abuso de poder más allá del signo político que representen. La confianza en las instituciones gubernamentales se ve amenazada cuando aquellos encargados de salvaguardar la integridad actúan de manera parcial.
La sociedad demanda una investigación exhaustiva y la aplicación justa de la ley para restaurar la confianza en la Contraloría. Este episodio destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de control y exigir responsabilidad a aquellos que desvirtúan sus funciones en detrimento de la transparencia y la democracia.
