En la vida cotidiana de los paraguayos, el transporte público siempre ha sido una fuente constante de frustración y padecimientos. Los trabajadores, estudiantes, vendedores y servidores públicos, aquellos que son la fuerza motriz de nuestro país, experimentan en carne propia todos los días las deficiencias de un sistema que, a pesar de recibir millonarios subsidios, no ha demostrado una mínima intención de ofrecer un servicio de calidad.
Este pésimo servicio se constata a simple vista cuando vemos en las calles las unidades en mal estado, el no cumplimiento de los horarios, a lo que se suma las consabidas reguladas, que hace que miles de compatriotas diariamente pierdan valiosas horas en las calles esperando llegar al trabajo o retornar a sus hogares.
La reciente resolución N° 07/2024, firmada por el viceministro de Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Guido Benza, representa debe ser un primer paso para tratar de poner orden y buscar mejoras en el servicio del transporte público. En efecto, la resolución que entra en vigor a partir de la fecha, introduce sanciones más duras para las empresas de transporte que incumplen con el nivel de servicio óptimo. El cambio en la escala de multas y reajustes de los montos de las infracciones envía un mensaje claro: la impunidad y la negligencia ya no serán toleradas.
Las multas, antes consideradas leves, ahora impondrán un costo más significativo a aquellos conductores y empresas que no cumplan con las condiciones mínimas de confort. Desde deficiencias en el sistema de aire acondicionado hasta la falta de respeto a los carriles dedicados a la circulación de buses, cada infracción será castigada con el peso que merece, según las disposiciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Las sanciones introducidas incluyen multas específicas para empresas de transporte incumplidoras que deberán abonarse en un plazo de 5 días a partir de la notificación de la infracción. En caso de no cumplir con el pago, se les negará el acceso al cobro del subsidio. Esta medida no solo penaliza económicamente a los infractores, sino que también establece consecuencias claras para aquellos que ignoran las normativas.
La administración de Santiago Peña tiene ahora la oportunidad de marcar un hito en la historia del país, abordando con seriedad el problema crónico del transporte público. Es hora de que las autoridades asuman la responsabilidad y trabajen con determinación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los usuarios de este importante servicio.
