Jueza comienza proceso de extradición a EE.UU. de otro uruguayo del caso A Ultranza Py

Este miércoles, la jueza penal, para crimen organizado, Lici Sánchez, comenzó los trámites para la extradición a los Estados Unidos de América de Federico Ezequiel Santoro Vasallo, otro uruguayo investigado en el caso A Ultranza Py y el mismo sería la mano derecha de su compatriota, Sebastián Marset, actualmente buscado por la justicia en el mismo caso.

Federico Ezequiel Santoro (foto SENAD) ya fue detenido el pasado 23 de agosto por la SENAD, en el municipio de Minga Guasu, departamento de Alto Paraná, y guarda reclusión en la Penitenciaría de San Pedro. Fue imputado por lavado de dinero y narcotráfico por el fiscal, Deny Yoon Pak. El 26 de diciembre último, la fiscal Artemisa Marchuk, solicitó a la magistrada que la detención sea con fines de extradición atendiendo que Santoro está requerido por la justicia de los Estados Unidos de América.

Según el expediente, USA reclama por Santoro Vasallo por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero. La acusación había sido presentada por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este del Estado de Virginia, según fundamenta la citada magistrada.

Unite al canal de La Tribuna en Whatsapp

Continuando con los trámites, la jueza Licy Sánchez, pidió informes al Ministerio de Justicia para conocer el estado actual y lugar de reclusión de Federico Ezequiel Santoro Vasallo.

La Fiscalía tiene datos de que Santoro sería el administrador financiero dentro de la organización liderada por Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico; mientras la justicia de USA identificó que el mismo tiene vínculos con varias organizaciones internacionales de narcotráfico y lavado de dinero, en América y Europa, y que lo maneja todo desde Paraguay.

También la justicia de los Estados Unidos de América habría interceptado comunicaciones de Santoro con sus colaboradores cercanos a través de la cuenta SkySCC mediante el cual pudo descubrir sus sistema de tráfico de drogas y de lavado de dinero, según los informes que llegó a la justicia de Paraguay.