Los elementos incautados en el marco del operativo IGNIS evidencian que la empresa IAS (International Auto Supply) de Diego Dirisio no solo proveía armas a organizaciones criminales del Brasil, sino a bandas delictivas locales.
El operativo IGNIS, llevado a cabo por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la zona de Canindeyú, permitió descubrir que la empresa International Auto Supply (IAS), dirigida por Diego Dirisio y Julieta Nardi (ambos prófugos de la justicia), proveía también de armas bandas delictivas de nuestro país.
Dentro de las evidencias incautadas, destacan varios fusiles de alto poder con la inscripción «IAS», indicando su origen en la empresa de Dirisio y Nardi. Los números de serie de las armas incautadas no fueron borradas.
El operativo IGNIS arrojó como resultado la detención de 10 sicarios y otros 9 abatidos durante el enfrentamiento. Entre los criminales muertos identificados se encuentran paraguayos como: Timoteo Leguizamón Báez, Elvio Ramón Vera Rivarola, Adalberto Leguizamón Báez y Rodi Ramón Espínola Amarilla, así como el brasileño Alexandre Diamantino de Oliveira y el paraguayo Hugo Velazco. Tres personas aún no identificadas presumiblemente son de nacionalidad brasileña, y se está trabajando en su identificación en coordinación con el Comando Tripartito.
La opración IGNIS se desarrolló para desarticular la banda liderada por Santiago Acosta Riveros, alias «Macho», que operaba con total impunidad en la zona de Corpus Christi (Canindeyú), donde mantenía vastas plantaciones de marihuana. El modus operandi de la banda, caracterizado por emular a cárteles mexicanos, incluía el acompañamiento de cargamentos de drogas con un convoy de sicarios fuertemente armados. Además de hacer ostentaciones de poderío con exhibición de armamentos, y llegando en varias ocasiones a someter y humillar a los policías de la zona.
Conexión Dakovo
El recientemente desarrollado operativo Dakovo había revelado que la empresa IAS gozaba de privilegios desde la Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas. En el marco de dicho procedimiento habían sido detenidos altos jefes militares, incluyendo al ex comandante de la Fuerza Aérea, Gral. (r) Arturo González, por brindar presuntamente protección al esquema criminal que envió ilegalmente 43.000 armas a Brasil, las cuales terminaron en manos de grupos como el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital (PCC).
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