Los Estados Unidos es un gran país aliado. Apoya al Paraguay en varias áreas. Pretender culpar a dicha Nación de los males que padece la República sería injusto e ingrato. Valga la aclaración para citar dos hechos que confirman la bajísima autoestima y excesiva insuficiencia de la actual política criolla. Ambas, en suma, son la causa de la poca institucionalidad en la República. Dicho en otras palabras, la ineficiencia país es una debilidad con origen exclusivo en la propia dirigencia nacional.
El primer tema es la posición del presidente de la Comisión Bicameral del Congreso (CBI), senador Jorge Querey, quien afirmó (Según medios de prensa y redes sociales) que el informe sobre lavado de dinero se estará enviando a Estados Unidos, Brasil, Argentina y Bolivia. El segundo punto es la información que partió del mismo Consejo de la Magistratura que hizo relación a la visita protocolar de la Consejera de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de los Estados Unidos, Rachel Kutzley.
Querey está en campaña como candidato a la Vicepresidencia para el 2023. Por lo visto eso, para bien o mal de su grupo de izquierda, hace que olvide su eterno discurso «anti imperialista» o sólo por una cuestión de espacio en la prensa anda buscando la tutela de los Estados Unidos, y de otros países. Por encima de dicha incoherencia, o intento de viveza, eso de remitir notas de la CBI a todo el Mercosur y a Norteamérica confirma que las propias autoridades son incapaces de influir y construir institucionalidad, sin injerencia alguna.
La visita de la Consejera de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de los EE.UU, por más que sea protocolar, refleja el interés por conocer el proceso de selección de la terna para Fiscal General del Estado. Aunque la diplomática no lo mencionó, la afirmación es nuestra, para la democracia paraguaya es crucial la buena selección del fiscal; no debe haber duda sobre su real autonomía. Dicha visita, la percepción igualmente es nuestra, habrá sido también, justamente, ante la fragilidad del Consejo de la Magistratura, y como una forma de monitoreo para que el nuevo FGE no sea designado casi a dedo por el Palacio de Gobierno.
Definitivamente, el esfuerzo por consolidar las instituciones corresponde a la actual dirigencia nacional. Sí ella no tiene suficiencia para influir y considera que la autonomía sólo es posible exclusivamente con gente de afuera, entonces es parte de la problemática. Pues por lo citado, por hablar de los dos casos mencionados, es puro show (Querey) y fragilidad (Consejo de la Magistratura). En ambos casos, será difícil construir y blindar instituciones sólidas, independientes y confiables.
