No convenció al Juzgado los argumentos del Ministerio de Justicia sobre el traslado del ex diputado, Juan Carlos Ozorio, de una cárcel a otro, en Emboscada. Hay inconsistencias entre lo que dice este Ministerio y lo que dice el propio procesado, por lo tanto, Ozorio vuelve donde estaba y, además, con refuerzo de seguridad y con advertencia al director de la cárcel sobre su responsabilidad. Así dispuso la jueza, Rosarito Montanía sobre el procesado en el caso A Ultranza Py.
El Ministerio de Justicia había informado, luego de una intimación de la citada magistrada, que el traslado se produjo por estrictas medidas de seguridad para salvaguardar la integridad física de la persona privada de libertad. Sin embargo, la jueza recordó que lo manifestado por el procesado fue por motivos de salud. Entonces, no cierra la justificación del traslado.
«Ante las inconsistencias entre lo referido en la resolución que ordena el Traslado de Ozorio (estrictas medidas de seguridad para salvaguardar la integridad Fisica de la PPL) y lo manifestado por el mismo acusado durante la audiencia (motivos de salud) y no existiendo documentos que acrediten el supuesto riesgo que corre el procesado, se dispuso nuevamente su traslado a la penitenciaria padre Juan Antonio de la Vega, en un área segura y con refuerzo de guardia, bajo estricta responsabilidad del director general de establecimientos penitenciarios, teniendo en cuenta que la decisión jurisdiccional de separar a los procesados de una misma causa, es a fin de evitar los riesgos procesales, que precisamente son argumentados al momento de dictarse la prisión preventiva», fundamentó la magistrada.
La jueza Rosarito Montanía había intimado el jueves último al Ministerio de Justicia, a que en un plazo de 2 horas explique la razón del cambio del lugar de reclusión de Ozorio. El oficio fue respondido por el director general de Establecimientos Penitenciarios, coronel (r), Rubén Peña.
En la respuesta se señala que el traslado de Ozorio, según Resolución DGEP Nº 1190, de fecha 13 de diciembre de 2023, “se ha dado en el contexto de las medidas de seguridad y ante informes de que por la sensibilidad de las fechas festivas de fin de año, y habida cuenta de otras informaciones sensibles que se encuentran bajo investigación y para evitar cualquier intento de fuga, motín o acciones que pudieran poner en riesgo la seguridad del cumplimiento del mandato judicial a su cargo, esta Dirección General ordenó el traslado de la PPL mencionada”.
Sin embargo, la magistrada no avaló los citados informes debido a que no coinciden con lo manifestado por el citado Ministerio con lo que dice el propio procesado y que la idea justamente es separar a los procesados para que no ocurran los problemas que se quieren evitar. En consecuencia, Ozorio fue de vuelta a su lugar original de reclusión: Cárcel «Juan Antonio De la Vega».
Según el expediente del caso, Ozorio supuestamente integra el esquema de lavado de dinero, proveniente del narcotráfico y habría operado a favor del prófugo, Sebastián Marset y de Miguel Ángel Insfrán, aliás Tío Rico, quien también se encuentra en prisión.
