El procurador general de la República, Marco Aurelio González, definió que los culpables directos por las decisiones tomadas con respecto al Metrobus es el ex presidente, Mario Abdo Benítez y su ex ministro de Obras Públicas, Arnaldo Wiens.
“Respecto a la responsabilidad, hay que dividir entre la responsabilidad política de quien asume esa decisión (de ejecutar la póliza) y que sabemos que fue el presidente de la República (Mario Abdo Benítez), quien públicamente lo ha manifestado; y después está la decisión administrativa, que fue quien firmó la rescisión del contrato, es decir, el ministro de Obras Públicas de ese entonces (Arnoldo Wiens)”, afirmó el procurador González al referirse sobre la condena contra Paraguay sobre Metrobus.
La Procuraduría informó en la mañana de este viernes, que el Estado Paraguayo recibió una condena por parte de un tribunal arbitral para el pago de aproximadamente 13 millones de dólares, más intereses, a la encargada de la construcción del Metrobús, la empresa Mota-Engil. Al respecto, en conferencia de prensa, el procurador anunció que hará la presentación que corresponda, en representación del Estado paraguayo, para ejercer la defensa.
Recordó como surgió la controversia. «Se le achaca atrasos al MOPC, que manifestó en su defensa que habían 15 frentistas que ocasionaban el problema y exigían el pago previo para avanzar en las obras; pero, se podía haber continuado en el resto del espacio que estaba disponible y ese fue el tema principal de la controversia que se ha suscitado y cuyo resultado tenemos con este laudo”.
EL LAUDO
“(Primero) Nos condenan a casi 5 millones de dólares por ejecutar una póliza en contra de una orden expresa del tribunal arbitral. Si en un juicio alguien no cumple una orden aquí se considera desacato. Eso fue lo que ocurrió. Los intereses de ese pago a fecha de hoy suman más de 1 millón de dólares”, advirtió.
“Después el tribunal arbitral hace otra condena de otros casi cinco millones de dólares porque alega que los atrasos se debían al MOPC y ahí el tribunal hace un cálculo de plazos. Mota-Engil dice que son 693 días y el tribunal dice que solo son 258 días de atrasos que son imputables al MOPC”, indicó.
CONTESTACIÓN
“Nosotros estamos analizando qué acciones o recursos podemos plantear. Pero, hay que ser sinceros, si no prosperan los recursos que planteemos, los intereses van a ir subiendo y eso va a tener que pagarse con el dinero de los contribuyentes”, señaló.
“Vamos a plantear lo que corresponda en Derecho y con los argumentos jurídicos si es que son sólidos, no solamente para exponerle al Estado a que se incremente esa deuda. Lo vamos a hacer de manera muy responsable. Si agotamos las instancias y perdemos y no pagamos, se incrementará la deuda y ellos pueden ejecutar el laudo, es decir, exigirlo judicialmente”, señaló.
En conferencia de prensa esta mañana, el procurador afirmó que nuestro país pedirá un recurso de nulidad, o en todo caso, una aclaratoria al tribunal arbitral, debido a la idea de la constructora de cobrar al país por un servicio no terminado y encima las costas del juicio.
El caso inicia en el año 2018, con la decisión del entonces presidente entrante Mario Abdo Benítez de suspender las obras del corredor que venía llevando trabajos adelantados en la zona de Fernando de la Mora y parte de San Lorenzo. El ministro Obras Públicas de ese tiempo fue Arnoldo Wiens. Ambos decidieron suspender la obra.
