El exgobernador Oscar Núñez fue condenado a 11 años de prisión y una prohibición de 10 años para ejercer cargos públicos. La sentencia también afecta a Emigdio Benítez, condenado a 7 años y 6 meses de cárcel. Ambos fueron declarados culpables de ocasionar un perjuicio de más de G 52.000 millones a la Gobernación de Presidente Hayes.
Núñez fue hallado culpable de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos no auténticos. Benítez fue condenado por lesión de confianza. Otros implicados incluyen a Nancy Núñez, Edulfo Verón, Raúl Delgado, y Marlene Altemburger Da Silva.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, liderado por Elsa García, destacó que durante su gestión, Núñez cometió una serie de hechos punibles, entre ellos la emisión de cheques por montos desproporcionados y el uso indebido de fondos destinados al programa «Una computadora por niño».
Se demostró que Núñez recibió transferencias de más de G 4.700 millones para dicho programa, pero emitió cheques a la empresa Aromita sin respaldo legal, generando un perjuicio patrimonial de G 42.503.556.035. Además, se le imputa la producción de documentos no auténticos al respaldar gastos con facturas falsas.
Benítez, acusado de administración en provecho propio, también estuvo involucrado en el esquema Opaci, aunque el tribunal no pudo establecer completamente su participación en el uso de fondos provenientes del cobro de cheques.
Nancy Núñez, exadministradora, entregó cheques sin respaldo legal durante su periodo, generando un perjuicio de G 8.135.582.360. Edulfo Verón, exadministrador, fue condenado por lesión de confianza y administración en provecho propio, con un perjuicio total de G 8.476.820.364. Raúl Delgado, exfuncionario de Opaci, participó en un esquema de cobro de cheques sin justificación, causando un perjuicio de G 4.698.106.220.
Marlene Altemburger Da Silva fue absuelta de lesión de confianza, ya que no se pudo determinar que tuviera conocimiento de los pagos sin respaldo documental.
La presidenta del tribunal destacó la gravedad del caso y la magnitud del daño patrimonial causado, subrayando la incongruencia entre los gastos realizados y las necesidades de una comunidad desfavorecida. La lectura completa de la sentencia se llevará a cabo el 21 de diciembre a las 13:00.
