El Senado de la Nación dio media sanción a la controvertida Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Mucho se ha oído y leído en estos días al respecto; sin embargo, parecería ser que las cosas no están claras respecto al alcance de la normativa. En este contexto, varios sectores pretenden llevar agua a su molino, formando opiniones contrarias e infundiendo miedo respecto al futuro de los fondos de las cajas de jubilaciones.
La Constitución Nacional dispone la obligatoriedad de la supervisión de las cajas jubilatorias por parte del Estado. En este contexto, tal supervisión debe forzosamente ser reglamentada. La nueva ley propone los mecanismos, así como el organismo encargado de velar por el dinero recaudado en concepto de jubilación, el cual es aportado tanto por obreros como por las patronales.
El principal meollo radica en que, según ciertos sectores, el gobierno tendría interés en echar mano de los recursos pertenecientes a las cajas jubilatorias a fin de fondear al Estado y poder así obtener medios para honrar sus compromisos. Sin embargo, esto no es cierto. La nueva ley no ha modificado en este punto la normativa jurígena del IPS, según la cual existe expresa prohibición de prestar dinero al Estado, así como también a entes descentralizados y municipalidades incluso. Entonces, el gobierno no podrá utilizar el dinero de las cajas para financiar su déficit.
Muy por el contrario, lo que busca la nueva ley es velar por el modo en que se invierte el dinero de las cajas. Al día de hoy, dichos fondos son depositados en bancos de plaza, o incluso prestados a distintos negocios particulares. Muchos de estos negocios pueden ser inseguros o no reportar verdaderas ganancias. Tal vez de aquí nazca el verdadero motivo de la férrea oposición de ciertos sectores. Debemos tener en cuenta que los montos depositados en entidades bancarias son muy cuantiosos y que al destinarse el dinero a otras inversiones, claramente nacerá el descontento de los bancarios. Al fin y al cabo, es más seguro invertir en bonos del Estado que en bancos de plaza.
Por ende, la reciente media sanción de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones por el Senado Paraguayo marcaría un paso significativo hacia el fortalecimiento del sistema de pensiones en el país. Esta medida refleja un compromiso en garantizar la seguridad financiera de los jubilados y pensionados mediante un control más riguroso de los fondos de las cajas.
La nueva legislación busca resguardar los ahorros de los trabajadores al establecer mecanismos de supervisión más estrictos, garantizando la transparencia y la eficiencia en la gestión de los fondos de pensiones. Esta mayor supervisión no solo protegerá los intereses de los beneficiarios, sino que también contribuirá a prevenir posibles malversaciones y garantizará la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Debemos recordar el modo irresponsable en que fue manejado el dinero del IPS durante el gobierno pasado, ocasión en que se hizo un verdadero festín con el dinero de los asegurados.
Contrario a las afirmaciones infundadas de algunos medios, el gobierno asegura que no busca echar mano de los fondos de jubilaciones y pensiones. Por el contrario, la ley refuerza la independencia y autonomía de las entidades encargadas de administrar estos fondos, asegurando que se utilicen exclusivamente para el bienestar de los ciudadanos en su etapa de retiro.
En resumen, debemos ver la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones como una posibilidad de avance crucial para proteger los derechos y la estabilidad financiera de los jubilados y pensionados en Paraguay, principalmente de aquellos fondos que corresponden al tan maltratado Instituto de Previsión Social. Además, el gobierno deberá desmentir fehacientemente las falacias difundidas por ciertos sectores mediáticos que buscan generar desconfianza sin fundamentos sólidos y con mezquinos intereses.
