A escasos días de concluir el periodo presidencial 2018-2023, el gobierno saliente adjudicó un contrato de Gs. 11.000.000.000 a la firma International Auto Supply S.A., representada por Diego Hernán Dirisio, considerado el «mayor traficante de armas de Sudamérica».
El proceso de licitación para la adquisición de explosivos, otorgado a la empresa representada por el ahora prófugo Dirisio, sin duda desatará otra ola de fuertes sospechas, pero ¿por qué? Según informes, ya existían sospechas de actividad irregular de tráfico de armas desde el año 2020, cuando fue detectada un arma cuyo número de serie no había sido borrado completamente. Además, el representante de la firma International Auto Supply S.A. había presentado un Habeas Corpus ante un juzgado de la capital, el cual fue rechazado un día antes de que comenzaran los allanamientos del operativo Dakovo.
En la resolución emanada del juzgado, se puede colegir que el profesional que representa a Dirisio manifiesta que su cliente tuvo conocimiento en octubre de 2022 de una investigación sobre tráfico de armas llevada a cabo por la fiscalía brasileña, donde aparecía su nombre como presunto implicado. A pesar de estos antecedentes, el gobierno anterior de Paraguay, el 11 de abril de 2023, a pocos días de que concluyera el periodo, le adjudicó una licitación por la friolera suma de G. 11.000 millones para la adquisición de explosivos.
Este escandaloso vínculo con el Estado plantea interrogantes sobre la transparencia y la integridad del gobierno de Abdo, así como del proceso de licitación. ¿Es posible que nuestras autoridades hayan desconocido las investigaciones que recaían sobre el representante de la firma?
Más bien parecería que, una vez más, nos encontramos ante una negligente omisión por parte del gobierno de Mario Abdo al permitir esta adjudicación a pesar de los antecedentes de investigación de crímenes graves e incluso transnacionales. Nuevamente se levantan serias dudas sobre la capacidad de las autoridades para salvaguardar la seguridad nacional.
La compra de explosivos para el Estado Paraguayo debió haber sido tratada de manera delicada, con un escrutinio minucioso previo, y jamás se debió permitir la participación de individuos implicados en actividades ilegales tan graves.
International Auto Supply S.A. traficaba armas. Existían investigaciones. El primo del ex Presidente de la República cumplía funciones comisionado a la Dimabel. El ex Director de Dimabel está detenido debido a su supuesta implicación en el esquema. Y aún así, Dimabel adjudicó la adquisición de explosivos al mayor traficante de armas de Sudamérica.
La falta de supervisión y diligencia en la evaluación de antecedentes de los licitantes es la sospecha más liviana que los hechos nos permiten elaborar. La corrupción y la complicidad con acusados de comisión de delitos transnacionales, que atentan directamente contra la seguridad de Paraguay, Brasil y los Estados Unidos de América, son tal vez más probables.
Este incidente destaca la importancia de implementar medidas más estrictas y protocolos de selección más rigurosos en los procesos de licitación del país. Nuestra sociedad exige una investigación exhaustiva y transparente sobre cómo se permitió que una empresa vinculada a un presunto traficante de armas se adjudicara una licitación para suministrar explosivos. Es esencial que el actual gobierno asuma la responsabilidad de esta negligencia y tome medidas correctivas para restaurar la confianza pública.
En medio de este escándalo, esperamos que el gobierno llegue al fondo y desbarate el esquema de tráfico de armas, así como el esquema que facilitó el multimillonario contrato.
