El último sábado, se conmemoró el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, una jornada llena de simbolismos y reivindicaciones. Miles de mujeres marcharon por las calles del microcentro de Asunción, exigiendo el cese de la violencia sistemática dirigida hacia ellas.
Los números y estadísticas hablan por sí solos: el año 2023 ha sido un periodo de luto, marcado por un aumento sostenido de los casos de feminicidios en comparación con años anteriores. A tal punto que en la opinión pública se ha calificado de «epidemia» a estos crueles y horribles asesinatos, donde el componente machista es la tónica dominante.
Es imperativo que tanto el Estado paraguayo como el sistema judicial desempeñen un papel fundamental en la aplicación efectiva de políticas públicas orientadas a prevenir la violencia y las muertes. Hace apenas unos días, una ex concejal de la ciudad de 25 de Diciembre, en el departamento de San Pedro, denunciaba entre lágrimas que su ex pareja, quien había intentado matarla a tiros sin motivo aparente, había sido beneficiado con prisión domiciliaria, poniendo así en peligro su vida.
Paraguay cuenta con la ley 5777/2014, que tipifica el feminicidio y proporciona los mecanismos necesarios para brindar mayor protección y seguridad a las mujeres de nuestro país. Sin embargo, es evidente que tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional deben asumir roles preponderantes en estos casos. Lamentablemente, se ha demostrado una peligrosa pasividad en el tratamiento de las denuncias, lo que contribuye a la persistencia de esta problemática.
En este noviembre, nos encontramos con más motivos para objeciones que para celebraciones en relación con este tema. A pesar del escenario adverso, las mujeres continúan ocupando las calles, reclamando con cada vez más fuerza el respeto a sus derechos fundamentales. El desafío persiste, y es deber de toda la sociedad paraguaya unirse en la lucha contra la violencia de género y garantizar un futuro donde todas las mujeres vivan libres de miedo y violencia.
